Menos estudiantes, un desafío que obliga a repensar el sistema escolar

La baja de la población en edad escolar plantea un escenario que la educación chilena deberá enfrentar durante la próxima década. Menos estudiantes significa también menos recursos para los establecimientos que se financian mediante subvenciones asociadas a la matrícula, mientras que buena parte de sus costos se mantienen. 

Para Mariana Aylwin, exministra de Educación, el cambio demográfico puede transformarse en una amenaza, pero también en una oportunidad para mejorar las condiciones educativas: contar con más recursos por estudiante, reducir el número de alumnos por sala y fortalecer las oportunidades de aprendizaje. La diferencia, sostiene, estará en la capacidad del país para anticiparse, planificar y tomar decisiones con criterios de equidad, calidad y realidad territorial.

-¿La disminución de estudiantes es principalmente una amenaza para la educación chilena o una oportunidad para mejorarla? ¿De qué depende que terminemos en uno u otro escenario?

-Puede ser ambas. Si nos demoramos en tomar decisiones o estas son equivocadas, podemos terminar con un sistema educacional más segregado, y eso significa que una alta proporción de estudiantes podría tener peores oportunidades de acceder a una educación de calidad. Por el contrario, si disminuye el número de estudiantes, el financiamiento por cada alumno podría ser más alto y, si esos recursos son bien distribuidos, podría haber más docentes por estudiante, menos alumnos por aula y mejores recursos para ampliar las oportunidades en la educación inicial y escolar.

-El INE señala que la matrícula en edad escolar disminuirá un 2% en 2027. ¿Estamos dimensionando adecuadamente este cambio demográfico?

-Es evidente que recién se está tomando conciencia de un problema que ya comenzó a impactar al sistema escolar. Ya hay menos niños de cuatro años y esta disminución seguirá avanzando hacia los cursos superiores. Como el financiamiento funciona a través de una subvención por alumno, si hay menos estudiantes también hay menos subvención. Sin embargo, mantener un curso con menos alumnos no significa que los costos disminuyan en la misma proporción, porque igualmente se necesitan profesores, directivos, asistentes de la educación, infraestructura y equipamiento adecuados. 

-¿Cómo podría afectar la disminución de la matrícula escolar a la inclusión educativa?

-Creo que dependerá de cómo se aborde esta crisis. La disminución de la matrícula puede convertirse en una amenaza para la inclusión educativa, especialmente si provoca el cierre de establecimientos en sectores vulnerables o rurales. Esto podría dejar a muchos niños sin escuelas cercanas a sus hogares, aumentar las dificultades de transporte y generar nuevas barreras de acceso a la educación. A ello se suma el riesgo financiero de un sistema de subvención asociado a la asistencia, que podría afectar especialmente a los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, esta crisis también puede representar una oportunidad para avanzar hacia una mayor integración e inclusión educativa. Lo importante es que las decisiones que se adopten no profundicen las desigualdades, sino que permitan transformar estos riesgos de exclusión en oportunidades para todos los estudiantes.

“El cierre de escuelas en sectores vulnerables o rurales podría generar nuevas barreras de acceso a la educación y profundizar las desigualdades”. Mariana Aylwin.

-Entre las medidas que se han planteado aparece un eventual plan de cierre o fusión de establecimientos públicos para los próximos diez años. ¿Comparte esa propuesta? 

-Lo que existe hasta ahora son especulaciones sobre lo que va a ocurrir si no se hace nada. Muchos colegios tendrán que cerrar porque no serán sustentables. Precisamente por eso es tan importante estudiar el tema, abrir conversaciones y planificar lo que viene.

-Otra alternativa podría ser establecer una subvención por calidad para establecimientos con buen desempeño y alta demanda. 

-Cualquier estrategia debe partir por preguntarse cómo se resguarda de mejor manera el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes en edad escolar, junto con la equidad y la calidad, pensando en qué es lo mejor para ellos.

Como ocurre con todo desafío complejo, esto deberá enfrentarse con altura de miras y una perspectiva de largo plazo. Sería lamentable terminar con un debate reducido a aquello que conviene a la educación pública o a la particular subvencionada. Son muchos los criterios que habrá que ponderar, especialmente los territoriales.