“Lo positivo de la educación técnico profesional es que el tema da para que exista esta entrevista”, asegura el vicerrector académico de Duoc UC, Kiyoshi Fukushi. Y es que para ser un sistema que acoge a casi el 40% de la matrícula de tercero y cuarto medio, los avances que ha habido hasta ahora no son suficientes. 

Formación docente

Mauricio Bravo, de CILED-UDD, explica las garantías que debería haber en la nueva Constitución para fomentar la educación TP

Una de las grandes necesidades que se perciben hoy es la formación docente. “En Chile, ya hay estudios sobre el déficit de profesores en general. Los profesores TP no cuentan con la pedagogía, y el sistema les exige que la tengan después de un tiempo. Solo hay tres universidades en todo el país que ofrecen pedagogía para profesionales TP y son genéricas, es decir, enseñan pedagogía, pero no en mecánica, industria o servicios”, explica Mauricio Bravo, investigador de la Facultad de Gobierno, CILED-UDD.

Según el informe del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), en 2021 Chile contaba en el sistema de educación superior con un total de 82.437 académicos únicos, lo que en relación con el año anterior implica una disminución de -3,3%. Esto se traduce en cinco años consecutivos a la baja de este indicador. 

Kiyoshi Fukushi asegura que “la docencia es un gran tema. Nuestros profesores tienen que estar conectados con el sector laboral, pero al ver estas cifras se ve que en la práctica no puede ser. La formación de los docentes tiene que ser responsabilidad de las mismas instituciones”. 

Explica el vicerrector académico de Duoc UC que la situación “es seria porque, por un lado, no tienen conocimientos de pedagogía y, por otro, no muchos vienen del sector empresarial. La mayoría termina sus estudios y comienza a hacer clases y, por tanto, es clave contar con ayuda estatal porque sin docentes de calidad no vamos a tener una formación de alto nivel”.

Bravo, además, propone que deberían ser los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) los que formen a los pedagogos, pero la ley se los impide.

Mirada hacia una nueva Constitución

La educación TP debe ser considerada en la nueva Constitución. Al respecto, Mauricio Bravo menciona dos conceptos que son críticos para proteger su desarrollo: “El primero, la libertad de enseñanza y que todo aquel que quiera iniciar un emprendimiento educativo pueda hacerlo”, y agrega que para la educación TP esto es especialmente importante por “estar vinculada al sector productivo”. Por otra parte, destaca la flexibilidad, debido a la rapidez con la que cambian las especialidades técnico-profesionales. “Estamos entrando en un gran peligro. Los sistemas educativos más exitosos en el mundo son los con alta libertad. Pueden ser estatales, pero la autonomía que tienen los establecimientos es muy amplia. Es muy importante que los sistemas sean autónomos y diversos”, asevera Bravo. 

Del dicho al hecho

El vicerrector académico de Duoc UC, Kiyoshi Fukushi, asegura que para mejorar la educación TP se necesitan cambios desde el Estado, pero también desde las instituciones.

Kiyoshi explica que la “Educación Superior TP siempre ha tenido una baja valoración social en el país. Cuando las personas hablan de educación superior, la aspiración está en la universidad, y no adjudica a la TP la relevancia que debiera tener para el desarrollo de nuestra sociedad”.

En esta línea, el vicerrector académico enfatiza que lo anterior se une a una baja sintonía de las políticas públicas en esta área. “Siempre hemos ido atrás de lo que pasa en las universidades. Entramos a la gratuidad en 2017 y no fue fácil lograrlo”. Por otra parte, la legislación impide flexibilidades que ayudarían al desarrollo de las carreras TP, como, por ejemplo, el hecho de que la ley no permita que se puedan tomar menos ramos por semestre para ingresar al mercado laboral y las barreras que hay frente a la educación online, ya que la gratuidad se da solo para carreras presenciales, lo que hace que muchas especialidades TP queden fuera de norma. 

Tampoco ayuda el hecho de que la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional no haya considerado la propuesta del Consejo de Rectores Vertebral. Entre varios puntos, esta promovía que el Estado estableciera un régimen regulatorio que favoreciera a todas las instituciones de educación superior, asegurando un adecuado y equitativo aporte en beneficio de los estudiantes, sean ellas estatales o no estatales. Por otra parte, “las instituciones TP tampoco hemos colaborado mucho. Al ver cifras de la Comisión Nacional de Acreditación, solo un 3% está acreditada por sobre seis años y de cinco años para arriba no supera el 32%”.

Sin embargo, ha habido algunos avances. “La Ley 21.091 incluyó un capítulo especial a la educación TP y eso es primera vez que se hace, pero falta por avanzar y entender que esta es complementaria a la universidad. Son esferas distintas, con un propósito claro definido que se encuentra en el espacio laboral”. 

Mauricio Bravo asegura que ha habido ciertos avances. “En los últimos diez años se ha ido entendiendo y trabajando con mayor fuerzas para ir generando dispositivos propios para la educación media TP”.

A pesar de las necesidades del sistema, “hay más de quinientas mil familias que tienen a un hijo o ser querido estudiando una carrera relacionada, y eso es tremendamente importante”, concluye Kiyoshi.

_________________________________________________________________