Ignacio Sánchez, rector de la pontificia Universidad Católica de Chile

Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile: “Me parece que los criterios de financiamiento a los estudiantes deben basarse en la vulnerabilidad del alumno y en la acreditación de la universidad, de forma independiente de a qué grupo de instituciones pertenezca. El adecuado uso de los recursos se puede regular por medio de leyes y normativas que no tienen que ver con condiciones del estudiante. Por esto, me parece que hacer diferencias en financiamiento o años de acreditación no corresponde, es una discriminación injustificada”.

Jaime Vatter, rector de la universidad Santo Tomás y Presidente de la Corporación de universidades Privadas (CUP).

Jaime Vatter, rector de la Universidad Santo Tomás: “Creemos que se trata de una medida arbitraria que genera una odiosa situación de inequidad y discriminación entre jóvenes de la misma condición socioeconómica, por el solo hecho de elegir instituciones de educación superior distintas. Muchas de las instituciones que quedan fuera son de reconocido prestigio y trayectoria, incluso con mayores años de acreditación. Por lo mismo, si se plantea que el criterio que importa es la calidad, lo anterior resulta claramente contradictorio.

”Por nuestra parte, estamos a favor de que el financiamiento se otorgue directamente a los alumnos que lo necesitan, independiente de la institución a la cual accedan, con la única exigencia de que esté acreditada ante la CNA. Nos parece que en estos momentos lo que se debería hacer es perfeccionar el sistema de becas, dotándolo de mayores recursos. Esto permitiría lograr la gratuidad para un conjunto de alumnos, sin discriminación y con un sistema ya probado”.

Fernando Montes Sacerdote Jesuita y Rector de la Universidad Padre Hurtado

Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado: “Todas las universidades deberían cumplir requisitos. Pero lo importante es que la ley pareja no es dura, si es que la ley es justa. Por tanto, deben existir criterios compartidos para todos e iguales, controlados. De lo contrario, en un país democrático, si ello no ocurre, se genera malestar.

”El criterio primario debe ser la ayuda al más necesitado y al más desvalido. No debemos utilizar otros criterios y, por ello, debemos fijarnos en esos parámetros. Que sea ese el criterio de selección. Lo que sí nos interesa es conocer cuál será el arancel, y que éste sea calculado a partir de los datos reales con los que contamos. Nosotros no tenemos fines de lucro, ni queremos hacer negocios en nuestra universidad, pero tenemos gastos que se pueden verificar. Por tanto, la gratuidad debe ayudar a financiar aquello, de lo contrario el esfuerzo será perdido”.

Aldo Valle , rector de la Universidad de Valparaiso

Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (CRUCh): “Me parece que responde más bien al hecho de que existe un autoenredo, que deriva de no reconocer a las instituciones del Consejo de Rectores como entes que cuentan con un escrutinio social y académico histórico, que es condición razonable para que respecto de esas universidades se pudiese dar inicio a la gratuidad.

”La exigencia de la ley era estar acreditada; entonces, al colocar un número de años, se vulnera aquello y se traslada a las universidades privadas. No queda claro tampoco si se trata de todas las áreas o algunas. Esa medida, todavía en discusión y que se volvió a modificar, me parece que termina confundiendo y enredando. La sucesión de cambios reiterados e improvisaciones que hemos venido observando genera una gran incertidumbre”.

Sergio Bitar, ex ministro de Educación e investigador: “Convergencia. Los criterios deben ser los mismos y se deben ir emparejando progresivamente. El Gobierno debe diseñar esa transición. Pero también hay que valorar que se pueda partir el 2016, y darnos tiempo para sacar un buen proyecto de ley durante el próximo año”.

Marcela González Araya, profesora de inglés del Colegio San Juan Piamarta de Talca: “Ateniéndose a la necesidad del individuo, independientemente de la casa de estudios que elija, el financiamiento con un sentido social y de equidad correspondería brindárselo al alumno vulnerable, más aún si la calidad que recibirá en su formación es la misma, ya que en ambos casos se plantea que las universidades estén acreditadas. Esta ayuda también debe entenderse como un fomento a las capacidades del alumno que serán demostradas en su rendimiento académico, que debería tener las mismas exigencias en ambas universidades.

”Independiente de la situación planteada, el Estado debe propiciar el apoyo a todo joven que desee y tenga los méritos para estudiar. La educación debe entenderse como una inversión social ya que la formación de profesionales significa un aporte al desarrollo del país”.