En la mayoría de los países de la OCDE la educación pública depende del municipio. Pero en Chile eso cambiaría. Se supone que, luego de un período de transición, la administración y gestión de los liceos pasará a depender de los Servicios Locales de Educación (SLE) y los directores de estos servicios, a su vez, de una Dirección Nacional radicada en el Ministerio de Educación.

¿Por qué es necesario cambiar este sistema en los colegios públicos?

—En Chile, la desigualdad territorial no tiene ninguna compensación por parte del Estado. Por ejemplo, las municipalidades de escasos recursos, como Lo Espejo, reciben $90.000 por cada niño al año, y poseen una vulnerabilidad de sus alumnos cercana al 80%. En cambio, municipios como Las Condes obtienen $1.100.000 por persona al año y sus establecimientos poseen una vulnerabilidad que alcanza solo al 40%.

Además, cerca de 170 municipios en Chile no tienen planta profesional completa y, por ello no tienen capacidad profesional de gestión financiera, técnica y pedagógica. Por ello, tienes familias vulnerables en municipios de pocos recursos técnicos y financieros y sin compensación del Estado. Ese es el peor de los escenarios, ya que se trata de municipios con baja capacidad de gestión financiera y, además, ausencia del Estado.

Ahora, el Estado controla, pero no apoya. Se retiró de la gestión, ya que esa facultad por ley se entregó a las municipalidades. Es tan alto el nivel de control que existe, que si una escuela tiene malos resultados se cierra, sin que exista ningún apoyo de por medio.

¿Serán un aporte los SLE?

—Nosotros estamos de acuerdo en que el Estado sea el responsable y ejecutor, que pueda garantizar la ejecución del servicio en el ámbito de lo municipal. Los SLE serán entidades públicas descentralizadas con autonomía y patrimonio propio. A nuestro juicio, además, debiésemos contar con escuelas con la mayor independencia posible, que incluya la formación de los Consejos Escolares Resolutivos (CER), centralizados en la dirección y en las garantías y descentralizados en la ejecución. Iniciándose por una escuela con alta capacidad de gestión centrada en los CER, partiendo por tres componentes esenciales: proyecto educativo, lo extraescolar y el sistema de convivencia.

Creemos que la municipalidad debiese mantener un rol en los CER porque se trata de la única manera de incluir las determinantes sociales en educación, claves para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Debiese ser un concejal el que nos represente en esa instancia.

¿Es suficiente la cantidad de recursos que se entrega en la actualidad?

—Desde nuestro punto de vista, el tema de mejorar la educación pública no es un problema de dinero. Los recursos extras provendrán de lo que entregue el proyecto de carrera docente. Del costo en educación, el 80% es costo en recursos humanos y el resto es una línea de inversión e infraestructura. Discrepo de algunos parlamentarios, quienes han señalado que se trata de un problema de plata. No es así.

¿Por qué?

—Hoy en día hay en promedio cerca de 130 mil pesos que recibimos por alumno en el sector público y uno que pasa a ser privado, es cercano a 160 mil pesos. No es un problema de volumen de plata, sino que cómo la estamos gastando. Lo que recibimos alcanza para mejorar la educación de nuestros alumnos. Lo que recibimos de la subvención regular, Ley SEP, SEP de inclusión y los fondos de fortalecimiento es suficiente.

¿Qué sucede, entonces, que no se ha mejorado en calidad?

—Para medir la calidad debemos fijar la mirada en la carga curricular. Sin embargo, por recursos que entrega la Ley SEP regular no nos alcanza. Por ello, la SEP debiese orientarse a financiar una canasta de prestaciones cuyo mínimo sea el currículo obligatorio. Se deben liberar los recursos SEP. Para ello, le planteamos al Mineduc no un financiamiento por matrícula, como ocurre ahora, sino que más bien por servicio, lo cual va directamente en beneficio de la mejora en la calidad.

Se necesita financiar el servicio, lo que incluye una cantidad promedio de horas de distintas asignaturas. Aquello requiere un cierto número de profesores por alumnos y de asistentes de la educación. En algunos municipios existe una sobredotación de asistentes o profesores que no es posible justificar. La diferencia siempre corre por parte de la municipalidad, al tratarse de un problema de gestión.

¿Qué soluciones proponen para el fondo de apoyo a la educación pública?

—Durante este año y el próximo estamos levantando la información sobre el número total de personas, gastos, ingresos y deudas, para que en el 2017 se discuta el valor real del PADEM (Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal). Con esas cifras en la mano, se ajustarán las platas que se entregarán, ya que hasta ahora nadie se había hecho cargo de este problema. ¿Por qué? Probablemente, antes los recursos de educación estaban bajo la línea, pero ahora hay más dinero y actualmente sobran recursos en el PIE (Programa de Integración Escolar), en la subvención regular y en los fondos de apoyo a la gestión.

Nos falta una mirada integral sobre el valor de la calidad. La próxima semana debiésemos firmar un convenio de transición con el Mineduc en torno a que este sistema de levantar información requerida para financiar y concordar los PADEM, para que sea esa la lógica para trabajar de aquí hasta la implementación de la nueva ley. Con este convenio, finalmente podemos unir recursos en plata con calidad y definir el estándar del servicio, lo que hasta ahora estaba separado.

Con subvención solo por asistencia —como existe ahora— pero sin contenido, ¿qué termino pagando? La ley de subvención nunca ha tenido contenido y aquello es lo que nos está faltando. Por tanto, los recursos con los que contamos, hasta ahora nunca han estado asociados al servicio.

¿Por qué es clave presentar el proyecto de desmunicipalización?

—Se nos acabó el tiempo. Si no se presenta en septiembre el proyecto, no habrá iniciativa legal. Hemos tenido conversaciones con la ministra Delpiano y nos ha dicho que el proyecto sí se presentará en septiembre. Con ella tenemos más puntos en común que en desacuerdo. Concordamos en que existan unas garantías (estándares) nacionales sobre el currículo, el servicio que se debe prestar, el rol de la escuela, y sobre ajustar y concordar el financiamiento del PADEM. Pero todavía existen algunas discrepancias a zanjar, como el tema del estatuto de los asistentes de la educación, que son cerca de 60 mil personas en todo el país.

Para tener en cuenta…

• En promedio, anualmente salen del sistema público entre 4.500 y 5.000 alumnos.
• Solo el reciente paro significó una pérdida de 1.600 alumnos.
• El problema es que el 40% de los alumnos que salen de la educación municipalizada se desescolarizan; es decir, emigran del sistema educativo y son niños y jóvenes que quedan expuestos al alcohol, las drogas y la delincuencia.