Es una opinión transversal, Chile requiere una educación técnico-profesional de calidad que realmente responda a las demandas del sector productivo, las discrepancias están en el camino a seguir. En diciembre del año pasado, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó el proyecto de ley que crea 15 centros de formación técnica (CFT) estatales, el cual actualmente se encuentra en su trámite legislativo en el Senado.

En esa oportunidad, la Mandataria anunció: “Cada centro va a estar al alero de una universidad del Estado, habrá vínculos y canales de colaboración, tendremos oferta formativa especializada, con altos estándares de calidad y acorde a las necesidades productivas de cada región”.

Algunos actores dudan que esta sea la vía adecuada, el Gobierno defiende su postura, mientras que otros apoyan la moción, pero con ciertas observaciones.

Comenzamos con la pregunta: ¿hay demanda suficiente que justifique un CFT estatal por región? Según Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, hay evidencia que muestra que la oferta actual es suficiente. Asegura que en todas las regiones hay al menos dos CFT.

El documento “CFT estatales: una ‘solución’ en busca de un problema” que Irarrázaval elaboró en conjunto con Andrés Bernasconi, académico de la Facultad de Educación UC, revisa la relación entre la oferta de vacantes en CFT y la matrícula de estudiantes. “Según cifras del Consejo Nacional de Educación (Cned), de los 37 CFT que entregaron información en 2014, pudimos comprobar que en el primer año de estudios se cubre, en promedio, el 74% de las vacantes. De todos estos CFT, solo dos presentan una matrícula mayor que el número de vacantes”, indica.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, coincide con Irarrázaval y asevera que “no se evidencia un déficit de cobertura que justifique la creación de esta nueva red de planteles estatales”. Según Figueroa, el proyecto desconoce la realidad, pues la educación técnico-profesional ya está altamente descentralizada.

Pero, para el Gobierno la apuesta no pasa solo por la cantidad de oferta sino por la calidad y como una forma de apalancar una política descentralizadora que logre empoderar los territorios.

“Respecto a la concepción de necesidad, se debe considerar que esta es de carácter multidimensional donde la discusión se ha centrado en la cantidad de oferta educativa pero no en la calidad de esta ni en las necesidades de los territorios”, indica Cristian Lincovil, asesor de la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional del Ministerio de Educación.

Los CFT estatales responderán a las necesidades de desarrollo del país y fortalecerán las trayectorias estudiantiles, dice Lincovil. “Tanto la oferta de carreras como sus programas de estudio consideran la articulación con el sector productivo y las políticas de desarrollo económico; así como el desarrollo de competencias de ciudadanía y empleabilidad de los estudiantes. Un ejemplo de ello es el CFT de la Segunda Región, que estará situado en la ciudad de Calama y trabajará articuladamente con Codelco y su Centro de Alto Entrenamiento”, revela.

Mientras que Ricardo Paredes, rector de Duoc UC, justamente tiene aprensiones con respecto a la promesa de impartir carreras que el sector productivo requiere y que necesitan las regiones. “Mi convicción es que hoy hay exceso de ciertos técnicos también y que aumentar la oferta de cualquier tipo de técnico, máxime si no es relevante a la demanda de la industria, será fuente de frustración”.

Paredes critica el criterio “administrativo” que ha usado el Ejecutivo para crear los CFT (uno por región), pues no ha considerado variables que son elementales para diseñar un CFT, como determinar los perfiles de egreso de modo que se adapten a la demanda, atraer profesores cuyas especialidades suelen escasear, entre otras.

“Es posible que algunos CFT lleguen a hacerlo bien, pero cada CFT que mal enseñe, que no cumpla con los sueños de los alumnos, será un fracaso para todos como país, y una decepción para los estudiantes que destinen ahí sus esfuerzos y pongan sus sueños”, dice.

¿Debe el Estado tener un CFT?

“Es deber del Estado asegurar una educación de calidad, el acceso, permanencia y egreso, sin discriminación de sus estudiantes, desarrollando los talentos de cada uno de sus miembros y sirviendo de modelo de calidad educativa para el resto de las instituciones del sistema”, sostiene Lincovil, asegurando que incluso los 15 CFT estatales no son suficientes para este propósito.

En Educación 2020 apoyan esta moción. “La universidad no es el único camino para lograrlo, y por lo tanto es el Estado quien tiene que asumir un rol por la equidad y la inclusión de este sector en la matriz de la política educativa. Es más, no solo necesitamos de este espacio para responsabilizarnos de la población vulnerada, sino de crear una educación que logre ser atractiva en todos los sectores sociales”, agrega Patricio Carrasco, investigador de Política Educativa de Educación 2020.

Ricardo Paredes asegura que él tampoco posee una visión negativa con respecto a la participación del Estado en la educación técnica, sobre todo si llega a territorios donde las instituciones privadas no lo han hecho. Su preocupación está en “una concepción errada de la educación superior moderna, que consiste en visualizar la educación universitaria como un nivel más alto que la técnico-profesional y que se deriva del aforismo de ‘quien puede más, puede menos’ ”.

Es aquí donde la discusión pasa al tema de calidad. ¿Los CFT estatales podrán asegurar una formación de excelencia? El rector de Duoc UC no está convencido, sostiene que al señalar que los CFT estatales no requieren acreditarse y les basta estar al alero de universidades estatales para tener elegibilidad de enseñar y de recibir alumnos con aporte estatal, “se yerra respecto de que la educación TP no es un paso menor de la universitaria, es un camino diferente. Además, desvirtúa y degrada el criterio de determinación de calidad existente en Chile, que siendo perfectible, ha ganado espacios y reconocimiento”.

La regulación indica que los CFT estatales serán autónomos. “El rol de las universidades será apoyar técnica e institucionalmente el proceso de instalación de los CFT, hasta su acreditación”, revela Lincovil. De esta manera, según el asesor del Mineduc, las universidades ayudarán con su experiencia en el proceso de acreditación, pero finalmente será el sistema de aseguramiento de calidad quien actúe y defina el piso para el desarrollo institucional.

El proyecto de ley establece que cada CFT deberá presentarse a un proceso de acreditación en un plazo de 6 años, desde que comience a operar. Mientras tanto será tutelado por una universidad estatal y supervisado por el Cned.

Para Irarrázaval, que las universidades estatales asesoren a los nuevos CFT no garantiza por sí solo la calidad. De hecho, le preocupa que tengan “un enfoque centrado en lo académico, y no en las demandas del mercado del trabajo local, que es uno de los objetivos según el proyecto”. Asimismo, el investigador pone sobre la mesa la idoneidad de universidades que carecen de experiencia en el ámbito técnico, como la dualidad a la que se enfrentarán las casas de estudios que ya cuentan con un CFT.

Conclusiones…

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC

“Probablemente, lo más eficiente sería aprovechar la capacidad instalada de los CFT ya existentes en vez de crear nuevos, asociados a las mismas universidades. Es una real necesidad de nuestro país avanzar en una formación técnica de calidad, pero con este proyecto de ley no se vislumbra que se logrará avanzar realmente en ese sentido”.

Patricio Carrasco, investigador de Política Educativa de Educación 2020

“Estos CFT públicos serán técnicamente justificables si cumplen su deber de nivelar el sistema hacia arriba. Estas instituciones deben ser un referente para sus pares, para el país, siendo capaces de atraer a estudiantes de todos los sectores socioeconómicos, y no limitarse a la población vulnerada”.

Ricardo Paredes, rector de Duoc UC

“El mejor camino es perseverar, mejorar los criterios de determinación de calidad, forzar desde el Estado la autorregulación y la regulación (porque evidentemente la primera tiene alcance limitado), y si fuera el caso que los privados no se involucran, no generan oferta educacional donde debe haber, buscar los medios para generarla”.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar

“Un desafío que urge, por ejemplo, es corregir las actuales discriminaciones de parte del Estado en la entrega de ayudas estudiantiles a los alumnos de CFT e IP en relación con las que se destinan a las universidades”.

Cristian Lincovil, asesor de la Secretaría Ejecutiva de Formación Técnico-Profesional del Ministerio de Educación

“La creación de los CFT estatales no es solo el inicio de nuevas instituciones de educación superior, sino que es una medida concreta en la política de fortalecimiento de la educación pública y en el desarrollo de un sistema de formación técnico-profesional articulado”.