Desde Estados Unidos, Sergio Urzúa se nota preocupado. Asegura que no le gustaría estar en los zapatos de un profesor jefe, aunque reconoce que “ya algo de experiencia deben tener lidiando con la incertidumbre”. Explica que “para todos los involucrados en este tema, los últimos años han sido como cinco minutos… pero debajo del agua. Esperemos que puedan respirar pronto”.

Por Marcela Paz Muñoz Illanes

En medio de los cambios y nuevos plazos para fijar modificaciones a la gratuidad en educación superior, quisimos conocer la experiencia internacional al respecto. Desde la Universidad de  Maryland,  Estados Unidos, el profesor de Economía Sergio Urzúa, quien además es  investigador asociado de  Clapes UC e ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la Universidad de Chicago, presenta sus reparos y cuestionamientos al modelo que se busca implementar en nuestro país. ¿Qué puede esperar un profesor jefe en este escenario? ¿Qué medidas impulsaron los demás países miembros de la OCDE? Son algunas de las interrogantes…

¿Qué dice la evidencia internacional sobre la gratuidad en educación superior?

—Este es uno de esos casos en que la evidencia internacional no ayuda mucho. Convengamos que Chile logró avanzar en materia de educación superior, particularmente en cobertura, pues justamente no hizo lo que otros países hicieron. Aumentamos cobertura de la mano del esfuerzo de las familias y los jóvenes. Si una década atrás hubiésemos optado por el modelo nórdico (gratuito), no solo hubiésemos avanzado mucho menos, sino que también nos habríamos visto obligados a sacrificar muchos otros proyectos de mayor retorno social.

Lamentablemente, esta tensión entre gratuidad y el costo alternativo de los recursos públicos no desaparece con el proyecto actual. Primero, vamos a terminar haciendo gratuita una educación superior de mala calidad. Segundo, se ha limitado la competencia en el sistema, lo que tendrá impacto en el largo plazo. Y tercero, esta administración ha insistido en sacrificar necesidades de mayor prioridad, como la educación temprana, al empujar como sea la gratuidad. 

¿Comparte el hecho que se castiga a los alumnos más vulnerables que estudian en instituciones que no están acreditadas?

—La administración actual piensa que al obligar a las instituciones a acreditarse para acceder a la gratuidad, aumentarán necesariamente su calidad. Sin embargo, como sus técnicos parecen no entender de incentivos, no se dan cuenta que muchas instituciones acreditadas de calidad pueden no querer optar por el “beneficio” de gratuidad. De ser así, ellas competirán por recursos fuera del sistema, evitando la burocracia y las restricciones que el Estado impondrá a quienes se sumen (las restricciones de aumento en matrícula son un claro ejemplo). Con esto quiero decir que no solo la iniciativa castigará a los más vulnerables que estudian en instituciones no acreditadas, sino que puede incluso afectar en el largo plazo a jóvenes vulnerables que estudien en instituciones que “ofrezcan” gratuidad, sobre todo si no se asegura que estas puedan ser competitivas.  

¿Qué puede esperar un profesor para sus alumnos con este proyecto incierto, considerando que para el 2017 no se extenderá la gratuidad al 60% más pobre, pero sí se sumarán nuevas instituciones?

—No me gustaría estar en sus zapatos. Ahora bien, reconozcamos que ya algo de experiencia deben tener lidiando con la incertidumbre. No nos podemos olvidar de la estupidez que ha sido el manoseo del ranking de notas, la semilla de las improvisaciones en materia de educación superior. 

Mi única sugerencia para los maestros sería tratar de entregar consejos lo más informados posible. Lo peor que puede hacer una familia o un alumno es decidir sin entender cuáles son las variables en juego. Para algunos, la decisión de entrar a la educación superior puede ser la mejor; para otros, las opciones laborales pueden dominar. No hay nada de malo en esta última alternativa. Nos hemos comprado el cuento que la educación superior es un objetivo de vida, lo que es un error, especialmente si no es de calidad. Que los profesores y familias se informen.

Para todos los involucrados en este tema, los últimos años han sido como cinco minutos… pero debajo del agua. Esperemos que puedan respirar pronto.

¿Cómo opera el sistema de educación superior en la mayoría de las naciones de la OCDE? ¿Qué señala la experiencia internacional?

—Existe una gran variedad de modelos. Y, como lo mencioné anteriormente, no es obvio que alguno de ellos aplique a Chile. A mucha gente le gusta el finlandés, a otros el australiano, a mí me parece que el estadounidense tiene grandes virtudes que han dado origen a las mejores universidades del planeta. Pero mis preferencias no pueden influir mi visión de lo que requiere Chile. Ahí se equivocan muchos. No logran separar sus sesgos ideológicos  y preferencias de la realidad y necesidad de Chile. Eso a Chile le está costando muy caro.

¿Qué sucederá con los aranceles de gratuidad?

—Buena pregunta. Hay que esperar que los iluminados ingenieros sociales del Ministerio de Educación nos respondan la difícil pregunta.

“Convengamos que Chile logró avanzar en materia de educación superior, particularmente en cobertura, pues justamente no hizo lo que otros países hicieron. Aumentamos cobertura de la mano del esfuerzo de las familias y los jóvenes. Si una década atrás hubiésemos optado por el modelo nórdico (gratuito), no solo hubiésemos avanzado mucho menos, sino que también nos habríamos visto obligados a sacrificar muchos otros proyectos de mayor retorno social”.