Por Luz María Budge, miembro de la Agencia de Calidad de la Educación. 

El año 2006 la gran demanda en la movilización de los estudiantes era la calidad…hoy siento que esa palabra junto a muchas otras que han sido impulsoras tales como equidad, justicia, oportunidades…se han perdido en medio de un discurso difícil de entender. 

si la gran reforma estructural se hubiera iniciado con las fundaciones y poniendo de a un ladrillo a la vez, es posible pensar que en un plazo de quince años hubiéramos podido tener una institucionalidad bien cimentada y lo suficientemente sólida como para que no sucumbiera a cualquier vaivén político. 

la gratuidad universitaria aumentará el acceso de jóvenes escasamente preparados para formación de rigor, demandante y a la vanguardia, será especialmente atractiva para los alumnos más vulnerables provenientes de escuelas que probablemente puedan haber estado en paros y movilizaciones hasta casi un tercio de los días escolares, esas universidades tendrán que extender sus carreras e implementar propedéuticos de manera de apoyar el desempeño de sus alumnos si no quiere arriesgarse a bajar los niveles de exigencia. O sea, el primer tema, la calidad, pareciera no ser una preocupación relevante. 

Si pensamos en equidad cabría preguntarse quién es el beneficiado con la equidad, puesto que los criterios de selección de las universidades beneficiadas han sido señalados con posterioridad a la selección y sin que se puedan distinguir las razones. de hecho, hay tres universidades del CRUCH que tienen sólo tres años de acreditación, en el G8 también hay un par y otras cuya acreditación vence en este año, por lo tanto se podría decir que no es equitativo para quien teniendo alta vulnerabilidad hizo una opción por la calidad y se matriculó en una universidad por sus años de acreditación más que por su dependencia. También podríamos preguntarnos cuál es exactamente la diferencia entre una acreditación de tres años y una de cuatro y, no tendríamos respuesta clara. 

Tampoco tendríamos respuesta clara si preguntáramos en qué momento y quién definió por sí y para sí que eran mejores y daban más seguridad a la inversión del estado aquellas universidades que tenían estructuras triestamentales, cogobiernos o participación transversal, otro criterio podría haber sido investigación, publicaciones, nivel de complejidad, infraestructura o programas de doctorado, también podría haberse mirado empleabilidad, duración de las carreras u otras variables. podría haberse discutido si las garantías de una universidad están dadas por los resultados que logran sus egresados, por el valor agregado que ésta aporta a su formación o si lo relevantes es la forma en que se toman las decisiones en la gestión de la universidad. 

Finalmente, un último detalle respecto a justicia y oportunidades, si todas las universidades del sistema hubieran sabido que éstas serían las condiciones para la gratuidad y lo hubieran sabido con dos o tres años de antelación, tal vez hubieran podido rediseñar sus misiones y redilenear sus planes estratégicos de manera de poder garantizar la robustez de sus proyectos y no llegar a una situación de riesgo para las expectativas de sus alumnos. 

Detrás de cada alumno escolar o universitario hay una familia entera, hay sueños, expectativas, ilusiones, esfuerzo y sacrificio y nadie debería poder improvisar diseños que comprometan estos sueños.