Por José Joaquín Brunner, académico UDP.

La educación es un derecho y una responsabilidad; un proceso continuo de elección y participación, de aprendizaje y esfuerzo, de motivación y mérito, de preferencias y selección. Los padres eligen una escuela (un proyecto cultural) para sus hijos; la sociedad y el Estado deben garantizarles que no serán discriminados por razones de clase, etnia, sexo, nivel ocupacional e ingreso.

En Chile, la ley prohíbe cualquiera práctica discriminatoria durante los primeros años de formación escolar, hasta el sexto grado. Ordena incluso que durante este período los procedimientos de admisión no podrán considerar «el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante». En cambio, los establecimientos pueden reunir información sobre los niños y su grupo familiar que razonable y legítimamente sea necesaria para orientar los procesos educacionales.

Suele decirse que a pesar de esta prohibición hay colegios que discriminan o excluyen, conductas que de ser detectadas deben ser sancionadas. Por el contrario, a medida que los estudiantes progresan en su trayectoria escolar, en la mayoría de los países los colegios utilizan procedimientos de evaluación y selección basados en antecedentes académicos (esfuerzo, notas, ranking, mérito). Así, un 43% de los estudiantes dentro de la OCDE asiste a los 15 años a colegios cuyos directores declaran considerar siempre los antecedentes académicos de los alumnos o las recomendaciones de sus escuelas de origen para efectos de admisión (datos PISA 2012). En Chile tal porcentaje llega a un 39%, similar al que exhiben Canadá, Estonia y Portugal. Un análisis de los 65 países participantes en esta prueba muestra que no hay ninguno donde 100% o bien 0% de los estudiantes concurra a escuelas con selección académica. Las cifras correspondientes varían entre más de un 90% en Holanda, Croacia, Japón y Hong-Kong y menos de un 5% en Finlandia y España.

Más aun: hay sistemas de provisión dominantemente pública y también mixtos con fuerte oferta privada que usan intensamente la selección académica (Japón y Holanda, respectivamente), o en grado mediano (Canadá y Chile) o en grado menor (Finlandia y España).

Por tanto, Chile no es un caso excepcional. Sus prácticas selectivas son cuantitativamente moderadas. La legislación anti-discriminación y contraria a la selección temprana existe y hay instrumentos para hacerla efectiva. Lo que se requiere es mejorar la utilización de estas últimas.

Las desigualdades educacionales junto con la segregación –que efectivamente existen en nuestros sistema y necesitamos remover– tienen que ver no con efectos de selección académica sino con la baja calidad y falta de efectividad escolar, por un lado, y, por el otro, con la desigualdad socioeconómica y territorial de la población y con la baja inversión en educación temprana (salas cuna y jardines infantiles) de clase mundial.