En medio de las propuestas del nuevo gobierno sobre educación, la Universidad Diego Portales sacó a la luz una investigación acerca de los colegios particulares subvencionados. Conversamos con el investigador de esa casa de estudios, Felipe Salazar sobre el hecho que cerca del 78% de esos establecimientos confesó tener fines de lucro.

Por Marcela Paz Muñoz Illanes

Tal como lo reveló el actual ministro de Educación, Nicolás, Eyzaguirre, las reformas en materia educacional tienen como objetivo dejar de entregar recursos públicos a los colegios que lucran, terminar gradualmente con el financiamiento compartido, y prohibir la selección en todos los establecimientos que reciben fondos del Estado. Reformas que llaman a reflexionar, particularmente después de conocer los resultados de la investigación.

El análisis arrojó que el 78% de los colegios particulares subvencionados declara fines de lucro y una de las primeras medidas que anunció el ministro es justamente dejar de entregar recursos públicos a quienes lucran, entonces ¿esta medida significará su cierre definitivo?

Probablemente seguirán funcionando y atendiendo a la comunidad educativa de manera muy similar a como ha sido hasta ahora. La clave estará en el diseño de la transición entre el sistema actual y uno que no permite el lucro, con mecanismos claros y precisos para el traspaso de propiedad desde personas jurídicas con fines de lucro hacia personalidades jurídicas sin fines de lucro. Por cierto hay muchos detalles que pueden ocasionar fricciones entre los sostenedores y el gobierno, pero una etapa de transición bien diseñada con consideraciones generales y atención a los casos particulares permitirá sortear estos problemas.

Otros de los puntos analizados se refiere a la selección y ello sí ocurre en los colegios PS, ¿de qué manera esos establecimientos podrán continuar con sus procesos de selección? ¿Es posible implementar otro tipo de mecanismos?

La idea es que la selección de estudiantes no ocurra. Si se implementan otros mecanismos, estos deben ser erradicados. Por eso estimo que incluso se debe modificar la LGE para eliminar el factor de selección en que se han convertido los proyectos educativos. La selección de estudiantes enmascara el real desempeño de los establecimientos educativos, sus equipos directivos y planta docente. En particular, castiga a aquellos sostenedores y profesores que atienden población altamente vulnerable producto del descarte que han realizado otros establecimientos. Un sistema de selección basado en el azar, permitirá tener poblaciones estudiantiles homogéneas (al menos dentro de un espacio geográfico limitado) y permitirá evaluar de manera más justa el desempeño de sostenedores, directores y profesores, y facilitará la identificación de unidades educativas que necesitan apoyo.

El aporte de las familias varía entre cero y 82 mil al mes…, recursos que de eliminarse, según algunos expertos se perderían aportes para la educación cercanos a los US$500 millones, ¿qué opinión le merece este aspecto?

Primero, no se sabe cuánto de esa cifra efectivamente se traslada a factores que benefician a los estudiantes y cuánto se convierte en utilidades para sostenedores privados. Por tanto, el impacto monetario real e inmediato del término del financiamiento compartido sobre la educación de niños y jóvenes es desconocido. Segundo, me parece que definir un perjuicio vinculado a eliminar el financiamiento compartido como la suma de los aportes monetarios que se dejarán de percibir representa una visión miope de políticas públicas. La eliminación del financiamiento compartido tiene beneficios no monetarios para toda la comunidad educativa puesto que elimina un instrumento de selección de estudiantes que ha permitido la segregación extrema del sistema escolar (mayor aún que la segregación residencial). Sin financiamiento compartido, tendremos poblaciones escolares más homogéneas entre establecimientos, facilitando la comparación relativa de desempeño del establecimiento. Sin financiamiento compartido (y eliminando todos los otros mecanismos de selección), familias con distinto capital sociocultural y económico estarán en contacto permanente, induciendo una mayor tolerancia a la diversidad y ampliando el conocimiento de los problemas ajenos. Y estos son beneficios que no sólo quedarán circunscritos a la comunidad escolar, sino que se traducirán en beneficios permanentes para toda la sociedad.