El Gobierno ha enviado al parlamento el proyecto de ley “Aula Segura”, que busca principalmente fortalecer las facultades del director de un establecimiento, en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia.

La necesidad de esta ley surge específicamente ante hechos ocurridos recientemente en colegios emblemáticos de la comuna de Santiago.
La legislación vigente sólo permite expulsar y cancelar la matrícula cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar de inmediato al alumno involucrado.

De aprobarse el proyecto de ley, el director podrá expulsar al alumno infractor de forma casi inmediata. Sin embargo, se establecen casos específicos:

1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.

2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. Pero apenas anunciado el proyecto se abrió el debate, hay quienes están de acuerdo con la medida que se podría instaurar y otros, la gran mayoría, señala que es una medida extrema.

Opiniones encontradas

El profesor Jorge Trujillo, del Liceo Experimental UMAG de Punta Arenas señala que esta idea de expulsión inmediata le causa sentimientos encontrados, y es que si bien considera que muchas veces es necesario alejar a alumnos infractores de ley del establecimiento y de profesores agredidos, a la vez le preocupa el futuro de ese alumno.

Y le surgen preguntas “Se le reubicará en otro establecimiento (lo señala el proyecto), ¿cerca de su casa?, ¿de igual calidad de educación?, ¿cómo será recibido y tratado por la comunidad educativa donde llegue?, ¿se transformará en un paria del sistema?”.

Trujillo señala que es importante darle la importancia que tienen los reglamentos internos de los colegios, “para qué seguir creando normas, si en los reglamentos de los establecimientos se establece la causal de cambio de ambiente, es decir, cancelación de matrícula o expulsión de todo alumno que cometa faltas gravísimas. Y después de realizar un acompañamiento del alumno con orientación, psicopedagogos o psicólogos (lamentablemente no todos los colegios tienen), entrevistas a los apoderados, etc. El afectado, además cuenta con un plazo para apelar y finalmente el Consejo de profesores resuelve, en vista de los antecedentes entregados por la autoridad”.

El problema que plantean los detractores de la iniciativa, es que al expulsar a un alumno, no se resuelve el problema de fondo, es una “medida parche” señalan algunos.

El profesor Trujillo además plantea, “…si es mayor de 14 ¿se le aplicará la Ley Penal Juvenil?, de ser así el alumno termina en un lugar del SENAME y no cambiado de establecimiento”.

Por su parte, el profesor Daniel Montenegro, Profesor Diferencial de la UMCE, señala que “este proyecto de ley es una medida populista, y que es destapar en un lado y tapar en otro”. A su juicio, en casos de alumnos infractores de ley, el colegio debe enfrentar a los infractores con la ley que corresponde y con la medida legal correspondiente.

“Además, en paralelo se debe realizar un trabajo desde lo psicosocial y atender el caso” señala.