El 1 de marzo del año pasado entró en vigencia la Ley de Inclusión, que tiene como objetivo eliminar el copago, la selección y el lucro en los colegios que reciben fondos públicos.

Para lograr este objetivo, la norma estableció que los recintos que quieren continuar siendo subvencionados deben constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro antes del 31 de diciembre de este año. Además, la ley miscelánea aprobada en enero modificó el plazo para que los sostenedores informen su decisión, trasladándolo de marzo a junio de 2017.

Así, ad portas de que ese plazo se venza, distintos colegios ya han enviado sus notificaciones al Mineduc. Según una respuesta de transparencia del organismo, a la cual tuvo acceso La Tercera, un total de 113 recintos particulares subvencionados han solicitado su cierre en el año escolar 2017.

Por otra parte, 466 establecimientos solicitaron transformarse en sin fines de lucro y, por lo tanto, continuarían recibiendo la subvención que entrega el Estado.

El documento de gobierno, que confirma entregar los datos en el contexto de la Ley 20.845 o de Inclusión, consigna que “las cifras antedichas tienen carácter preliminar, pudiendo aumentar e incluso presentar desistimiento de las mismas” de aquí a que se venza el plazo.

Según la Ley de Inclusión, los colegios deben informar la decisión de cierre a la comunidad y a las autoridades antes de marzo del año anterior del año para el que se programa la clausura.

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