Ya son cerca de 30 días de la huelga de profesores. ¿Cómo afecta al sistema educacional la paralización de gran parte de la educación municipal? Conversamos con Ernesto Treviño director del CPCE de la Universidad Diego Portales y Sylvia Eyzaguirre, investigadora  del CEP sobre los alcances de esta movilización que afecta a cerca de 500 mil niños que se encuentran sin clases.

Por Marcela Paz Muñoz Illanes

Según el último reporte del Mineduc, hasta la semana pasada el 38% de los colegios municipales seguía sin clases, confirmando la tendencia a la baja en el paro de los últimos días, algo que para los maestros obedece al «cansancio» que implica la movilización.

El problema es que es altamente posible que el paro signifique además, un aumento de la fuga de alumnos de establecimientos municipales, algo que preocupa de sobremanera. Sobre este tema y las repercusiones de la movilización conversamos con Ernesto Treviño director del CPCE de la Universidad Diego Portales y Sylvia Eyzaguirre, investigadora  del CEP.

¿Cuánto afecta el paro de profesores a la educación municipalizada?

Sylvia Eyzaguirre: “El paro de profesores indudablemente debilita a la educación pública y, lo que es más grave, perjudica a los estudiantes que ahí se educan, que en su mayoría provienen de los sectores más vulnerables. El daño cuantitativo sólo lo sabremos el próximo año cuando veamos cuántos estudiantes decidieron cambiarse de colegio por culpa del paro, pero es indudable que con la movilización de profesores se daña aún más el prestigio de la educación pública”.

Ernesto Treviño: “Es esperable que el paro afecte gravemente a la educación municipal, no solo en términos de caída de matrícula sino que también contribuirá continuar con su desvalorización social”. 

¿Qué elementos  hay que remediar del actual proyecto de política nacional docente? 

Sylvia Eyzaguirre: “Hay seis aspectos del proyecto que deben ser mejorados, si de verdad queremos restituir el prestigio de la profesión docente. En primer lugar, debemos atraer a los mejores docentes a trabajar a las escuelas más vulnerables. Para ello es fundamental incrementar el monto de la asignación para los profesores destacados que trabajen en colegios vulnerables, pues la actual propuesta del Gobierno no es lo suficientemente. Ello no sólo implica aumentar el bono para los docentes de los escalafones más altos de la carrera, sino que también debemos atraer a jóvenes talentosos a trabajar a estos establecimientos.

En segundo lugar, fortalecer el rol del director al interior de la comunidad escolar. Hoy los directores de establecimientos municipales no pueden seleccionar a su cuerpo docente, no tienen incentivos para evaluarlos y no pueden desvincularlos por bajo desempeño. La tendencia internacional de los mejores sistemas educativos es avanzar hacia mayor descentralización empoderando a los equipos directivos y aliviando la carga del nivel central. Debemos confiar en las escuelas y en la capacidad de las comunidades educativas de llevar adelante sus proyectos educativos, en este sentido, el proyecto no fortalece la función del director en el sector público y debilita la del sector particular subvencionado. Para subsanar este problema debemos cambiar la forma de seleccionar a los docentes en el sector público, considerar la evaluación del director en la carrera docente al igual que en la evaluación de desempeño, y entregar más atribuciones a los directores para desvincular a los docentes de bajo desempeño. 

En tercer lugar,  mejorar la estructura salarial que propone el Gobierno. Si bien es un avance significativo premiar el mérito, las diferencias salariales entre los diferentes escalafones de desempeño son al comienzo relativamente bajas, desincentivando el progreso en la carrera profesional. Por otra parte, los salarios siguen creciendo considerablemente menos en los primeros 20 años del ejercicio profesional en comparación con las otras profesiones y significativamente más que las otras profesiones en los últimos años del ejercicio profesional. Sería importante corregir esto, aumentando la dispersión salarial entre los diferentes tramos de la carrera y que los salarios crezcan más al comienzo del ejercicio laboral y menos a al final de la carrera. 

En cuarto lugar, separar las funciones de evaluación y de apoyo a los docentes. El proyecto de ley establece que sea el CPEIP quien realice ambas tareas, pero es evidente el conflicto de intereses que ello implica. Mucho más lógico es traspasar la tarea de evaluación a la Agencia de la Calidad y que el CPEIP concentre sus esfuerzos en apoyar el perfeccionamiento continuo de los docentes y directores. 

En quinto lugar, debemos ser más exigentes con los estándares de calidad que vamos a exigir. Hoy, un profesor que obtiene todas las preguntas malas en la prueba de conocimientos disciplinarios puede alcanzar el nivel avanzado, que es considerado óptimo por el Ministerio de Educación. A su vez, los docentes que no alcanzan el nivel de Avanzado pueden quedarse eternamente ejerciendo la profesión y con ello perjudicando a cientos de niños. Para asegurarnos que todos los docentes que están dentro del aula tengan los conocimientos y competencias necesarias, debemos establecer estándares adecuados y desvincular de forma oportuna a quienes no revelan tener las capacidades que requiere esta profesión. 

Por último, debemos adelantar la entregada en vigencia de las educadoras de párvulo y del sector particular subvencionado a la carrera docente, pues las primeras juegan un rol fundamental en entregar mayores oportunidades de aprendizaje a los niños más vulnerables y en el segundo se educa el grueso de los estudiantes, de manera que no podemos rezagar su entrada”. 

Ernesto Treviño: “El proyecto tiene criterios de inclusión muy importantes, pues por primera vez desde 1981, este tipo de políticas incluye a todas las educadoras y educadores, desde el nivel parvulario hasta la media en todos los establecimientos que reciban recursos del estado. 

El proyecto requiere fortalecerse en distintos ámbitos. Primero, es necesario acortar los plazos de implementación que dejan a las educadoras de párvulos postergadas por décadas. Segundo, se requiere perfeccionar la propuesta de evaluación en dos sentidos. Por un lado, aclarando que las pruebas de conocimientos sobre el mismo tema deben ser recurrentes solamente en el caso de que haya habido cambios curriculares o que el docente se haya especializado. Por otro lado, se debe impedir que docentes que no tienen una sola respuesta correcta en la prueba de conocimientos puedan enseñar, porque en el proyecto presentado pueden ser clasificados incluso como avanzados si tienen una alta calificación en el portafolio. En tercer lugar, se pueden mejorar los tramos salariales. Por último, es necesario crear un sistema de mentorías con plazos claros para que se pueda aplicar a todos los egresados de pedagogía”. 

 ¿Es posible implementar una política pública que mejore la formación inicial de los profesores? 

Sylvia Eyzaguirre: “Las leyes, cuando están bien hechas, establecen un marco propicio para el buen funcionamiento del sistema, pero no bastan por sí solas. El proyecto de ley establece exigencias más altas tanto a los alumnos que entren a estudiar pedagogía como a las casas de estudio, pero para mejorar la formación inicial se requiere la colaboración de las instituciones formadoras. Ellas tienen una tremenda responsabilidad en formar de forma adecuada a los futuros profesores, innovando sus mallas curriculares, trabajando de forma mancomunada con las escuelas, ofreciendo prácticas pedagógicas desde temprano, desarrollando investigación en áreas claves para el mejoramiento de las estrategias de enseñanza, etc. Este proyecto avanza en establecer condiciones adecuadas, por supuesto debe complementarse con un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad más exigente y un sistema de financiamiento adecuado que responda a las nuevas exigencias, pero también las instituciones tienen que comprometerse con la formación de sus estudiantes”. 

Ernesto Treviño: “Tal vez uno de los puntos que es más complejo, y se observa en las demandas de los profesores, es que se requiere mejorar la formación inicial y continua de los docentes. El proyecto de carrera docente no puede hacerse cargo de esto, por lo que se requieren políticas complementarias, tales como una regulación clara de la oferta de las carreas de pedagogía, que prohíba que se ofrezcan carreras no acreditadas, así como un proyecto de fortalecimiento del CPEIP y regulación de la formación continua. Es necesario desarrollar estas políticas, porque actualmente no existen propuestas que orienten hacia una mejora de la formación”. 

 ¿Cree que la medida de adelantar la salida de los alumnos a vacaciones de invierno puede mejorar la situación? ¿Qué sucede con el descuento del sueldo a los profesores que están en paro?

Sylvia Eyzaguirre: “Me parece que es una medida acertada, pues de esta forma se puede recalendarizar el año escolar y así evitar que los niños y jóvenes afectados por el paro pierdan su año escolar. Más allá del descuento del sueldo, lo que desilusiona del gremio es que sus demandas apuntan a debilitar aún más la profesión docente. Ellos no están preocupados de que la profesión docente sea efectivamente una profesión exigente y prestigiosa, sino que sus demandas apuntan a bajar aún más los estándares de calidad. Eso es lo que resulta lamentable, pues este proyecto no sólo trata de revindicar los derechos de los profesores, sino por sobre todo de asegurarnos como sociedad que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente”.

 Ernesto Treviño: “Adelantar las vacaciones es una medida sensata para proteger el derecho a la educación de los niños y, a la postre, servirá también para reducir la carga laboral de los docentes que se verán obligados a reponer clases. Dado es sistema de financiamiento de la educación, es compleja la situación para mantener el pago a los profesores, pues los sostenedores no recibirán subvención por mandato legal”.