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En el discurso del 21 de mayo pasado, la Presidenta Michelle Bachelet descifró uno a uno los pilares de la reforma educacional que busca implementar de forma gradual. Le preguntamos a cuatro expertos: José Joaquín Brunner, Ignacio Sánchez, Sergio Bitar y Sebastián Izquierdo si la gratuidad permitirá “dar un salto cualitativo en educación”.
Por Marcela Paz Muñoz Illanes
La Presidenta fue categórica en sus anuncios el 21 de mayo pasado: “Estableceremos el derecho de gratuidad a los estudiantes que ingresan a la educación superior (…) Enviaremos un proyecto que termina con la municipalización y crea una nueva organización de la educación pública” ¿Qué opinan los académicos? ¿Serán esas medidas una herramienta realmente efectiva?
Experto en temas de educación, ex ministro secretario general de Gobierno entre los años 1994 a 1998, José Joaquín Brunner, señaló: “La gratuidad no explica ni incide mayormente en la calidad de la enseñanza de kínder a cuatro medio. Por ejemplo, existen países con sistemas gratuitos de alta calidad (Holanda, Finlandia, Corea, Canadá); de rendimiento mediano como Grecia, España y Portugal y de pobre rendimiento como son los sistemas gratuitos de América Latina, por ejemplo, de Perú, Argentina y otros”.
La calidad de la educación de kínder a Enseñanza Media, dijo, “depende, ante todo, de la efectividad de los profesores y directivos de las escuelas, del gasto por alumno, de las relaciones entre escuela y hogar, del apoyo que se otorga a los niños más vulnerables y si sus desventajas han sido compensadas entre los 0 y 6 años. En el caso de la educación superior, la gratuidad universal no sólo nada tiene que ver con la calidad de los aprendizajes académicos sino, además, incide negativamente sobre la equidad en aquellos países –como los latinoamericanos– donde hay fuertes desigualdades sociales y de capital escolar previo”.
Brunner es enfático: “Si la gratuidad de la educación temprana y K-12 es un imperativo moral y de derecho como yo creo, lo es porque constituye la contracara de la obligatoriedad y la dignidad de las personas. Además, es la base de una comunidad más igualitaria, pero estos ideales sólo se expresan plenamente si, a la vez, la educación gratuita ofrecida a todas y todos los niños y jóvenes responde a estándares exigentes de aprendizaje y crea oportunidad de similar calidad para todos”.
Para el actual rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, “¿la gratuidad en educación es sinónimo de calidad? Claramente, no. La calidad está relacionada a varios aspectos y procesos que van mucho más allá del financiamiento de la educación”.
En primer lugar, dijo, es clave reflexionar sobre el sentido de la educación, “cómo aseguramos el proceso de crecimiento y transformación personal de cada niño o niña y joven, para que desarrolle todas las potencialidades y competencias propias y las que pueda adquirir en su grupo curso”.
Sin embargo, “los profesores son la clave del proceso educativo. Ellos van a educar y acompañar a los estudiantes, con conocimiento y destrezas, pero también y muy importante con vocación, tiempo y cercanía. Es vital asegurar una buena formación de los estudiantes de pedagogía, sus posibilidades de educación continua, el progreso y calificación profesional y una adecuada evaluación de sus actividades. Por supuesto que el rol de los estudiantes es fundamental para permitir que el proceso de crecimiento personal se produzca. El esfuerzo, tenacidad y dedicación a las tareas escolares y universitarias es crucial”.
Sin perjuicio de todo lo anterior, para el rector de la UC, es clave incluir “el liderazgo escolar de los directores, los procesos curriculares, el acompañamiento de los estudiantes, la evaluación de las tasas de progresión académica, titulación y deserción, la opinión de los egresados y empleadores y varios otros. En todos estos aspectos, podemos ver elementos de calidad que pueden ser abordados y mejorados en un proceso de trabajo continuo al interior de la institución”.
Por tanto, a su juicio, “la ayuda en el financiamiento en la educación debe enfocarse y progresar en beneficiar a los grupos más vulnerables, tanto en la educación escolar, apoyando al copago en las familias que lo requieren, como en educación superior, avanzando al 70% de los más vulnerables. La gratuidad universal implementada con mayor rapidez (el actual programa de gobierno la presenta en 6 años), no me parece que vaya a tener un impacto positivo en la gratuidad si antes no se avanza en los elementos previamente descritos”.
Para el ex ministro de Educación entre los años 2003 a 2005, Sergio Bitar, “no existen medidas solitarias que garanticen la calidad de la educación. La calidad es una búsqueda permanente que supone una acción sistémica. Además, trasciende a la escuela y a la universidad. Es más que dinero; es cultura, disciplina, actitud, autoestima, sentido colectivo, visión y pasión por saber”.
Respecto a los cambios que se anunciaron dijo: “Hecha esa contextualización y en la situación concreta de Chile, mi respuesta es sí, ayudan. La tendencia a la gratuidad, es decir, una participación creciente del Estado en el financiamiento de la educación, facilita el acceso, reduce la desigualdad, empareja la cancha e integra socialmente. Estos tres elementos son positivos para la calidad”.
Cuando se logra amplia cobertura, dice Sergio Bitar, “la tarea que viene es convertir la educación en un bien público; es decir, un bien que entrega la sociedad, y que es una responsabilidad colectiva, no del mercado. Al hacerlo así, la sociedad incorpora un valor de responsabilidad social, de integración y despierta (debe despertar) un espíritu de reciprocidad en la juventud hacia su comunidad”.
En cambio, para el ex jefe de la Agencia de Calidad, Sebastián Izquierdo, “no existe evidencia empírica sobre el impacto que tiene la gratuidad en educación superior en mejorar la calidad de la educación ni tampoco en generar más equidad en el sistema”.
No obstante, asegura: “Sí se ha podido observa que los recursos destinados a preescolar tienen un efecto significativamente mayor en mejorar la calidad de la educación. Claramente direccionar cifras millonarias a la gratuidad de educación superior es un gran error”.
Es importante mencionar, cuenta, que el gasto actual que el Estado chileno realiza en educación superior es similar al de varios países de la OCDE considerando las becas y los créditos subsidiados como parte del gasto público. Sin embargo, este gasto público se distribuye en mayor proporción a aquellas universidades pertenecientes al CRUCH Universidades del Consejo de Rectores de Chile por criterios históricos y no a las universidades que imparten una educación de mejor calidad. En este escenario, querer aumentar el gasto en educación superior mediante la gratuidad no sólo atentaría sobre la calidad de la educación escolar, sino que también podría atentar frente a la diversidad de proyectos educativos impartidos por las instituciones de educación superior, ya que estas últimas tendrían que firmar un convenio con derechos y deberes con el Estado para poder suscribirse a la gratuidad.
El gran desafío, señala el ex jefe de la Agencia de Calidad, “que tiene la educación superior en nuestro país, es poder implementar una nueva arquitectura que asegure la calidad de la educación, donde el Estado esté a la altura de los nuevos desafíos. Para aquello, es urgente implementar una Superintendencia de Educación Superior que nos brinde una fiscalización adecuada, respetando la autonomía de la universidades, un Consejo Nacional de Acreditación que permita certificar a las universidades por sus reales resultados y un Ministerio de Educación focalizado en diseñar políticas públicas y financiar a los diferentes proyectos educativos sin discriminación alguna”.
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