El financiamiento estudiantil busca asegurar el acceso a la educación superior de todos los jóvenes con mérito, especialmente los más vulnerables. Chile ha avanzado en ese propósito alcanzando hoy una cobertura que se encuentra dentro del promedio de los países de la OCDE y que, en el caso de los jóvenes del quintil de menores ingresos, se ha expandido desde un 4,5 % a un 34,4 % desde 1990 a la fecha. Lo anterior se suma a que el premio monetario por terminar la educación superior es el más alto de todos los países de la OCDE (quienes poseen educación superior ganan 2,6 veces el salario de alguien que solo completó educación media).

El mayor acceso se ha conseguido gracias a una política consistente en el tiempo de becas y créditos, que se ha ido perfeccionando. No obstante estos avances, el desafío sigue vigente.

El gobierno, descartando la posibilidad de perfeccionar instrumentos que han sido útiles para cumplir el propósito de mejorar el acceso, como las becas  y créditos, ha anunciado un sistema de gratuidad universal que los reemplaza por aportes directos del Estado a las instituciones de educación superior y que financia tanto a los más ricos como a los jóvenes que sin ayuda económica no pueden estudiar.

Ante las dudas que ha generado esta política de gratuidad universal, existe amplio consenso sobre la necesidad de revisarla.

En primer lugar cabe destacar que una medida de esta índole supone financiar las carreras de todos los jóvenes, incluyendo a quienes vienen de las familias más ricas, lo que la hace una política extremadamente cara y regresiva. Los recursos estatales se concentrarían en quienes menos ayuda requieren: al Estado le costará 2,5 veces más financiar la gratuidad de los estudiantes que pertenecen al quintil más rico, en comparación a lo que destinaría para financiar los estudios de quienes pertenecen al quintil más pobre. Esto debido a que los jóvenes de más recursos son justamente quienes más llegan a la universidad y además son los que, en promedio, cursan las carreras más caras. 

Además, se suman otros efectos igualmente negativos derivados de la fijación de los precios que realizará el Estado para llevar adelante esta política. A través de esta fijación, se establecerán centralizadamente los cupos y el monto que recibirá cada institución de educación superior para funcionar, lo que limitará su desarrollo a lo que pueda hacer con esos recursos, fijándole un techo a su calidad y poniendo en riesgo la expansión de la cobertura que ha venido mostrando Chile en las últimas décadas. En el caso de instituciones que requieren de ingresos elevados para solventar sus mayores costos, si el arancel fijado no reconoce dichos costos deberán, necesariamente, adecuar sus proyectos a la calidad promedio que el nuevo sistema determine.

Otra consecuencia negativa es que una política de gratuidad universal como la anunciada deja como única vía de financiamiento de los planteles lo que el Estado les asigne, no permitiendo que las familias puedan aportar a través del pago de una mensualidad o a través de créditos. No es adecuado ni deseable que el desarrollo de la educación superior dependa exclusiva y directamente de la política financiera de los gobiernos de turno, que se ve afectada por los ciclos económicos y por las particulares prioridades de cada administración.

La gratuidad universal es sólo un instrumento que no debe confundirse con el real objetivo de mejorar el acceso. El programa de gobierno fijó una ruta en esta materia que, con poca reflexión, ha sido seguida por las autoridades y que implica la eliminación del sistema de becas y créditos; no obstante éste nos ha permitido contar con una cobertura destacada y superior a la de países con gratuidad universal como Argentina, cuya cobertura total es menor que la chilena, lo que es aún más notorio en el quintil de menores ingresos, siendo la del vecino país de un 20%, y la nuestra para ese mismo grupo de un 27%.

Este descarte a priori de instrumentos valiosos es una atadura innecesaria de la que urge liberarse para avanzar en el común objetivo ya descrito.

Ante las evidentes restricciones presupuestarias y las críticas transversales que se han instalado, el gobierno anunció que avanzaría con gradualidad. En esa línea, recientemente la autoridad modificó por segunda vez los requisitos que pedirá para implementar la gratuidad parcial que pretende para el 2016, estableciendo criterios arbitrarios e injustificados, que excluyen al 65% de los alumnos vulnerables del sistema, cuando la mayoría de ellos está en instituciones acreditadas. Para el caso específico de la educación técnica sólo el 20% de los estudiantes de menos recursos podrá acceder a esta política. Además, siete regiones no cuentan con centros de formación técnica o institutos profesionales que cumplan con las condiciones impuestas para participar de la medida. Esto, a pesar que en el país existe una amplia cobertura que está adecuadamente distribuida a lo largo del territorio, sin embargo muchas de estas instituciones están organizadas como personas jurídicas con fines de lucro, lo que está permitido por ley, pero a las cuales el gobierno ha decidido excluir no obstante muchas de ellas están acreditadas.

La implementación parcial de la gratuidad para el 2016 no evita ninguno de los problemas asociados a la gratuidad universal  ya descritos y profundiza graves discriminaciones que no tienen cabida en nuestra sociedad.

Se debe avanzar hacia un mayor acceso y equidad en el sistema de educación superior, pero para ello es necesario que quien toma las decisiones se abra al diseño de las mejores políticas para Chile.