Para recuperar el capital dañado por el terremoto, se habla de un fondo de reconstrucción conformado con recursos provenientes de diversas fuentes, entre las que se mencionan reasignaciones presupuestarias, el fondo de estabilización económico y social, endeudamiento público e impuestos. Todas estas alternativas presentan ventajas y desventajas, pero indudablemente forman parte de la caja de herramientas de toda autoridad interesada en financiar un programa de inversiones que responde a una coyuntura inesperada.

Pero esa caja no debería descartar, como hasta ahora se ha hecho, la privatización de empresas públicas.

El cuestionamiento más común a esta alternativa es que se financia gasto corriente con un activo que produce una renta permanente. Esto último es discutible, como lo demuestra una larga historia de empresas públicas deficitarias en diversas latitudes, pero aceptemos esa mirada, más todavía cuando ha habido cambios en los gobiernos corporativos de una gran mayoría de las empresas públicas en los últimos años que son promisorios y que varias han exhibido excedentes en el pasado reciente.

Aun así, ese cuestionamiento es débil. Por una parte, una deuda, por ejemplo, genera amortizaciones y pago de intereses que supone desembolsos por muchos años para el Estado que no se pueden gastar en otras partidas. Es, si se quiere, la contrapartida de los menores ingresos generados por la privatización de empresas públicas. Por cierto, hay una diferencia en plazos (la deuda en algún momento se extingue), pero un futuro muy alejado es, desde el punto de vista de la decisión presente, poco relevante. Por otra, y más importante, es poco probable que las empresas públicas estén cerca de su valor potencial al menos por dos razones. No son particularmente eficientes al no estar sometidas a ninguna prueba de mercado: al respecto, el precio de la acción es insuperable.

En segundo lugar, el Estado reinvierte poco en ellas. Frente a múltiples necesidades termina aportando a su expansión menos de lo que puede ser conveniente, más aún cuando no se sabe realmente si la empresa está siendo bien gestionada y si los fondos invertidos producirán retornos promedio razonables. Por eso, la privatización, aunque sea parcial, de las empresas públicas en la mayoría de las ocasiones debería aumentar su valor. Ello es lo que ha ocurrido, salvo contadas excepciones, en las privatizaciones de los últimos 15 años ocurridas en diversas latitudes. Los ejemplos de Petrobras y Vale son particularmente relevantes para nosotros.

En esta discusión, además, hay que tener en cuenta que una aspiración transversalmente compartida en el país consiste en elevar el crecimiento potencial de la economía chilena, existiendo acuerdo que en esto es clave el crecimiento de la productividad total de factores. A pesar de un debate legítimo respecto de cuánto de ese mayor crecimiento se puede obtener a través de ganancias de eficiencia y cuánto a través de innovación tecnológica, no está en duda que ambas dimensiones pueden contribuir a ese propósito.

Si las empresas públicas, a través de una privatización parcial, ganan en eficiencia, no sólo se estará aportando otra fuente para el fondo de reconstrucción, sino que también, dado el peso de las empresas públicas en la economía chilena, se elevará en el margen nuestra tasa de crecimiento potencial. Ahora bien, como ese aumento en el valor de las empresas —consecuencia de las ganancias de eficiencia y de una política de inversiones más apropiada— se respalda con mayores flujos a los que el Estado tiene derecho en la proporción de capital accionario que mantiene en la empresa, es posible destinar una parte de los recursos obtenidos en la venta parcial de las empresas públicas al fondo de reconstrucción sin sacrificar otros objetivos. La creación de riqueza subyacente es la que posibilita este “milagro”. La proporción a destinar depende de las ganancias de eficiencia esperadas. Para ser coherentes, el remanente debería sumarse a la parte del fondo de estabilización económica y social no utilizado en la reconstrucción.

En este sentido, si las empresas públicas, a pesar de los cambios que han ocurrido en sus gobiernos corporativos, son poco eficientes, es evidente que su privatización parcial es una fuente de fondos para la reconstrucción superior a las otras alternativas que se han planteado. Por cierto, como una privatización bien hecha toma tiempo y ello puede ocurrir después de que se necesiten desembolsar los recursos para la reconstrucción, el Estado podría tener que recurrir a un endeudamiento transitorio pagado luego con parte de los ingresos obtenidos por privatizaciones.

Autor: Harald Beyer, Centro de Estudios Públicos.