El  pasado 2 de enero el gobierno presentó 35 enmiendas al proyecto que busca poner fin al lucro, copago y selección en colegios. Gran parte de los cambios dan gradualidad en la ejecución del proyecto y entregan además, múltiples vías para traspaso de establecimientos. Sobre estas indicaciones y sus efectos en los establecimientos educacionales habló Ricardo Paredes, recién asumido rector de Duoc UC, economista, académico e investigador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE).

Por Marcela Paz Muñoz Illanes  

Sobre la indicación de aumentar los plazos para cambiar la estructura jurídica de los colegios con matrícula menor o igual a 400 alumnos, lo que representa cerca del 75% de los establecimientos de todo el país,  ¿Cree que significa un vuelco de parte del gobierno? ¿Qué va a pasar con los colegios buenos que tienen más de 400 alumnos? 

-Lo que hace el gobierno es terminar con un foco masivo de problema, de molestia. El error es que el 25% que no se le flexibiliza la situación es posiblemente el tipo de colegio que mejor calidad de educación provee. Es a mi juicio una salida práctica para reducir el número de sostenedores que iban a cerrar, pero que definitivamente carece de lógica en cuanto a focalizarse en la calidad de la educación y en la coherencia misma del proyecto.

¿Será un sistema más engorroso al incluir en la fiscalización, como parte de las indicaciones al Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Superintendencia de Educación?

-Sin duda que será más engorroso y complejo. Ahora, entendiendo que es positivo fiscalizar algunos ámbitos, el extremo detalle de las medidas a fiscalizar particularmente en un contexto de penalización por incumplimiento, puede generar enorme rigidez, espacios de corrupción y efectos adversos sobre la flexibilidad y variedad de programas y acciones.

¿Qué le parecen los cambios en los contratos de arriendo? ¿Qué consecuencias tiene aquello?

-Se introduce más flexibilidad a colegios pequeños, los que seguramente no tienen espacio para un lucro grande. Sin embargo, el problema persiste en los colegios de mayor tamaño que aunque sí tienen mayor posibilidad de lucrar, son los que mejor calidad entregan. También me parece razonable que el período de arriendo se haya bajado a 8 años. Mantenerlo en 20 era simplemente absurdo y una virtual prohibición al arriendo.

¿Cuál sería a su juicio, la mejor manera de evitar la fuga de alumnos de colegios municipales?

-Sólo una, entregando a los padres una buena alternativa educativa. Eso significa mejorar la educación municipal, eso significa darle una mayor flexibilidad y espacio para que cada comunidad educativa pública sea autónoma, donde las directrices generales vengan del Ministerio, pero donde haya espacios de creatividad a nivel de escuela de modo de evitar una estandarización con ojo santiaguino.