Unas 600 escuelas municipalizadas de todo el país están en riesgo de cierre en los próximos cuatro años. Así de enfático fue Mario Waissbluth, fundador y coordinador nacional de la fundación Educación 2020, al analizar los últimos resultados de la ordenación exigida por la Ley de Aseguramiento de la Calidad.

Según el experto en política educacional, esta normativa es una “desgracia” para los sectores de más escasos recursos, ya que en estos establecimientos se han hacinado alumnos con problemas gracias a la segregación aplicada en los últimos 30 años. “El gran problema que está afectando a la educación pública es la maldita ley de municipalización que se produjo durante la dictadura y que dejó la instrucción en manos de alcaldes que no ganan ni pierden elecciones en base a los resultados del Simce. A los que les interesa, hacen las cosas bien, y a los que no les interesa, nombran a sus compadres en los cargos municipales, en dirección de escuelas, y que se jodan las familias y los niños. Esto ya no resiste más”.

Mario Waissbluth agregó que la normativa sobre aseguramiento de la calidad se debe modificar pronto. Además, indicó que el proyecto de desmunicipalización de la educación se debe fortalecer. “De ahí que es crucial revertir el grave daño: la municipalización. Por ello, urge aprobar la Ley de Nueva Educación Pública, para crear la figura de sostenedor local, mucho más profesionalizado. El Ministerio debe tener además, aunque sea a distancia, la capacidad de intervenir o exigir rendición de cuentas en caso de que estos nuevos sostenedores cometan francos desaguisados financieros o educativos. Esto no es “intervención estatal”, es mero sentido común, y así se hace en países sensatos”.

Derrumbe de la Educación Pública 

Para Jesús Redondo, integrante del Observatorio de Políticas Educacionales de la Universidad de Chile (OPECh), la ley sobre calidad significa derechamente el derrumbe de la educación pública, ayudado por las pruebas de medición estandarizadas que no reflejan el esfuerzo realizado por las escuelas.

Redondo recalcó que es fundamental en este cometido la creación de un Servicio Nacional de Educación junto con la prenormativa que quita la dependencia municipal en las escuelas públicas.

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indicó que etiquetar y estigmatizar los establecimientos educacionales, a través de resultados de pruebas estandarizadas, es nefasto para la innovación pedagógica.

Aseveró que el gremio está por una educación integral, apoyada por iniciativas para fortalecer el trabajo docente, donde la educación deje de ser un bien de consumo: “Debemos ser nosotros los primeros defensores de un ideal de educación mucho más integral, amplia y compleja, que es parte de nuestra labor de pedagogo. Yo aseguro que la mayoría de los profesores se ve forzado a enrielarse en la idea de estandarización y adiestramiento, porque en el fondo para rendir pruebas como el Simse hay que adiestrar, no educar y, por lo tanto, nosotros estamos por discutir aquello, poner el tema en el debate y construir propuestas pedagógicas”.