Un estudio de la UC reveló que existiría un «incentivo perverso» pues el financiamiento estatal se otorga según los informes que entregan las escuelas, lo que podría inducir a «errores en la evaluación».  Conversamos con Ricardo Rosas, director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (Cedeti) de la UC, quienes realizaron esa investigación.

Por Marcela Paz Muñoz Illanes

 Al comienzo de cada año escolar, los alumnos que poseen alguna necesidad educativa especial (NEE) son examinados en sus establecimientos y luego clasificados en distintos grupos para determinar el apoyo económico y el plan de acción que podría llevar a cabo ese colegio. A pesar de que en 2010 se fijaron criterios para saber quiénes son las personas idóneas para realizar los diagnósticos, y además se determinó que era una falta grave el uso de un análisis fraudulento para obtener la subvención especial, se han detectado problemas.

El director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (Cedeti) de la UC, Ricardo Rosas, elaboró un estudio donde se abordan las problemáticas asociadas al diagnóstico de las discapacidades intelectuales en los menores. Señaló que pudiesen existir “incentivos perversos”, particularmente  porque una subvención de educación especial diferencial para jornada completa puede llegar hasta $156 mil, mientras que la subvención normal promedio es de $49 mil.

En 2009 se publicó un estudio de la U. de Chile que revelaba que 30% de los diagnósticos de discapacidad intelectual hechos a menores tenían errores.¿ Eso significa que ha habido errores en la entrega de fondos estatales para alumnos con NEE?  

-No, eso significa que las evaluaciones están mal hechas. Y a consecuencia de ello, se asigna una subvención que no debió ser entregada. 

 Ustedes realizaron un estudio donde se indicaría que las subvenciones que no se debieron haber pagado el 2012 bordearían los $19 mil millones, si es que se considera que 30% de los niños recibió una subvención de educación especial sin requerirla. ¿Qué razones habrían provocado esta situación?

-La ley establece que para entregar la subvención, tiene que haber un profesional que certifique la condición de discapacidad. Si el profesional que certifica comete un error en el diagnóstico, el sistema no tiene forma de saberlo, pues tampoco hay normativas que permitan sistemas de control de los diagnósticos. 

 Entonces, ¿estamos hablando de que el sistema permite incentivos perversos y que permite que los alumnos sigan recibiendo subvención preferencial cuando ya no lo necesitan?¿Cómo subsanarlo?

 -Bueno, ese es el nudo gordiano del problema. Hay que cambiar el sistema de subvenciones basado en el niño, porque hay incentivos económicos muy importantes que lo hacen más rentable mientras mantenga su condición de discapacidad.  Hay que avanzar a un sistema que supere este problema.

En el estudio, explicó Rosas,  se realizó una proyección y establecieron que las subvenciones que no se debieron haber pagado el 2012 bordearían los $19 mil millones, si es que se considera que 30% de los niños recibió una subvención de educación especial sin requerirla. El estudio también especifica que, en el mejor de los casos, la subvención para ese grupo pudo haber sido 20% menor si es que los niños hubieran tenido una discapacidad en el rango límite.