Convivir por ley
El pasado 1 de julio entró en plena vigencia la Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, y fue una buena noticia. La norma actualizó y fortaleció el marco que ya existía. Definió el acoso escolar, exigió la constitución de consejos escolares en los establecimientos con aporte estatal y creó un sistema para monitorear la convivencia a partir de evidencia. Desde entonces, estudiantes, familias y docentes que viven situaciones de violencia, acoso o discriminación cuentan con reglas más claras y con instancias a las cuales recurrir para que se haga justicia. No es un logro menor, porque durante años muchas de esas situaciones quedaron sujetas a la buena voluntad de cada comunidad.
Sin embargo, cabe hacerse una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto tendremos que legislar sobre lo que parecía dado? Tratarse bien, incluir al compañero nuevo o resolver un conflicto conversando parecían parte del sentido común de cualquier comunidad. Los datos sugieren otra cosa. Según PISA 2022, 1 de cada 5 estudiantes de 15 años en Chile se siente solo o excluido en su colegio. Acorde a lo anterior, la ley no solo regula la convivencia. También nos dice algo sobre el estado de nuestro tejido social. Si hoy necesitamos una norma para asegurar el buen trato, es porque algo se ha desgastado en la forma en que nos vinculamos.
Ese desgaste tiene nombre. Robert Putnam lo describió como la erosión del capital social, es decir, de las redes, normas y confianza que permiten a las personas cooperar entre sí. En Chile, solo 1 de cada 10 personas cree que se puede confiar en la mayoría de la gente (CEP, 2023). La pérdida de confianza no se expresa necesariamente en grandes conflictos, sino en una vida cotidiana cada vez más impersonal. En cafeterías como Starbucks, quien atiende escribe nuestro nombre en el vaso . Es un gesto que imita la cercanía, pero cabe preguntarse si a alguien le importa realmente quién se lo lleva. En contraste, la vida de barrio se sostenía en vínculos menos eficientes, pero más reales, donde los vecinos se conocían y sabían cuándo algo no andaba bien. Robert Solomon y Fernando Flores advierten sobre un fenómeno cercano, al que llaman “hipocresía cordial”. Se trata de relaciones en que mantenemos la amabilidad y las formas mientras, por debajo, se acumula la desconfianza.
La escuela no está ajena a esta lógica. Una comunidad educativa puede cumplir el reglamento, aplicar los protocolos y tener al día su plan de gestión, y aun así no generar confianza. Cumplir una norma no es lo mismo que confiar. Lo primero responde a si se hizo lo exigido, mientras que lo segundo depende de que las personas sientan que fueron tomadas en cuenta. Por ello, la ley debe entenderse como el piso y no como el techo. Asegura lo mínimo, pero lo esencial depende de lo que las comunidades hagan con ella.
¿Qué capacidades debe incrementar entonces un sistema social para recomponer la confianza? Desde Red Preventiva proponemos entenderla como el producto de tres componentes: la certeza, la presencia y el diálogo. La certeza se construye cumpliendo los compromisos, por pequeños que sean. La presencia exige estar disponibles, desde el saludo hasta la escucha, en un contexto de aceleración social que nos empuja a ahorrar tiempo a costa de perder vínculo. El diálogo requiere ponernos como iguales, porque difícilmente puede conversar una comunidad que se mira desde la sospecha o la jerarquía. A ello se suma la capacidad de creer, tanto en uno mismo (autoconfianza) como en los demás.
En este sentido, el diálogo y el protagonismo de las comunidades son también una forma de justicia. Algunos autores sobre mediación comunitaria señalan que esta resulta especialmente adecuada
cuando las personas enfrentadas deben seguir relacionándose (Villagrasa, 2011, citado en Sáenz López et al., 2020), lo que describe con bastante precisión la vida de un colegio. Los mismos autores plantean que, cuando las comunidades participan en la gestión de sus conflictos, fortalecen su sentido de pertenencia y se apropian de su propio bienestar. La ley abre esa puerta al exigir procesos participativos para actualizar el plan de gestión de convivencia y al contemplar talleres propuestos por las propias comunidades educativas. El desafío es que estudiantes, familias y docentes la crucen, y que no quede convertida en un trámite más.
En definitiva, que exista una ley de convivencia escolar es una buena noticia, porque permite que nadie quede sin respuesta frente a la violencia. Pero ninguna norma puede obligar a confiar. La ley puede sancionar el maltrato, ordenar procedimientos y fiscalizar su cumplimiento, aunque difícilmente puede crear vínculos. Eso sigue dependiendo de nosotros. Quizás la mejor forma de honrar esta ley sea trabajar para que, algún día, el buen trato vuelva a ser algo dado y no algo que tengamos que exigir por escrito.
