La convivencia escolar se ha tomado la agenda educativa este año, debido a hechos de violencia que han obligado  la búsqueda permanente de soluciones. En este marco, en junio de este año, el Mineduc presentó el proyecto de “Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas”, con el objetivo de robustecer y actualizar el marco normativo actual, cuya idea de legislar fue probada en julio por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. 

En primer lugar, la iniciativa impulsa el rol del Estado, fijando una Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE) como marco general y responsable de asegurar que las comunidades educativas sean espacios de bienestar y protección. Además, crea un Observatorio de la Convivencia e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Convivencia Educativa. 

“Para mí es bastante claro que desde el mundo escolar hay una preocupación por la ocurrencia de hechos de este tipo (de violencia), que hoy más que nunca están afectando no solo el clima de aprendizaje, sino que el normal funcionamiento de las escuelas”. María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo.

En segundo lugar, hace obligatoria la figura de un coordinador de convivencia con dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades. Además, entrega una nueva regulación del Plan de Gestión de Convivencia y los Reglamentos Internos, con precisiones sobre procedimientos de información y denuncia.

En tercer lugar, refuerza los deberes de sostenedores y establecimientos, quienes deberán adoptar medidas preventivas de protección y activar protocolos de forma oportuna.

Por último, busca dar mayor protección a docentes y directivos, con regulación especial a las medidas para trabajadores afectados por agresiones ejercidas por estudiantes o apoderados.

Este artículo busca entregar visiones contrapuestas del proyecto de ley aún en trámite, de manera que como lectores puedan forjar sus propias opiniones del tema.

¿Es o no un aporte al marco actual? Sobre eso conversamos con María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social en el Instituto Libertad y Desarrollo; Isidora Mena, psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, con especialidad en Psicología educacional y clínica de orientación sistémica, y subdirectora de Contenidos de Valoras UC, y Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. 

-El proyecto de ley sobre convivencia escolar en Chile, ¿quita autonomía o no a los establecimientos?

-María Paz Arzola (MPA): El proyecto presentado amenaza la autonomía de los establecimientos educativos principalmente por dos vías. Primero porque, con la excusa de resolver un problema real, les impone a los colegios múltiples obligaciones que, en lugar de ayudar a su gestión, les resta margen de acción a sus equipos. De alguna manera, profundiza aún más la burocracia y esta suerte de “protocolitis” que ha venido afectando con cada vez mayor frecuencia la gestión educativa en los últimos años. Y, segundo, el proyecto amenaza la autonomía de los colegios, en la medida que entrega al Consejo Escolar atribuciones resolutivas en materias sobre las cuales, a su vez, se incrementan las sanciones para el equipo directivo y sostenedor. 

-Isidora Mena (IM): Este proyecto de ley no solo no quita autonomía a los establecimientos, sino que se la otorga. Cuando la organización de la convivencia no aborda los conflictos apenas cuando suceden, de forma pacífica, dialogante y creativa, lo que ocurre es que ellos escalan hasta los llamados incendios. Se transforman desde oportunidades pedagógicas y de desarrollo, en crisis y desregulaciones de adultos y estudiantes. Y ahí la escuela pierde autonomía, porque tiene que usar demasiados recursos humanos apagando incendios, aparecen las demandas a la superintendencia, etc. 

Este proyecto apunta a una mejor gobernanza escolar y uso de los recursos, la mayoría ya existentes, para lograr un ordenamiento de la convivencia que sea preventiva de la violencia, y permita el desarrollo socioemocional y académico. 

-Daniel Rodríguez (DR): Efectivamente, el proyecto de ley afecta la autonomía de los establecimientos y potencialmente la integridad del proyecto educativo, principalmente a través del nuevo rol del Consejo Escolar. Se altera la gobernanza de los establecimientos educacionales al incorporarle de forma obligatoria facultades resolutivas, limitando las atribuciones del colegio. 

-¿De qué se trata la propuesta sobre el Consejo Escolar? ¿Qué rol se le asigna?

-MPA: El proyecto transforma al Consejo Escolar en una instancia deliberativa a través de su rol en la elaboración y aprobación de dos instrumentos: el reglamento interno y el plan de gestión de convivencia. Más aún, le entrega un poder preponderante a la hora de negociar con el equipo directivo y sostenedor, en la medida que establece que la no actualización de estos instrumentos a la normativa vigente y a las necesidades de la comunidad educativa será una infracción grave que podría incluso configurar responsabilidad civil o administrativa de estos. 

-IM: Refiere a la participación. Dadas las características de una institución educativa con tantos integrantes, todos diversos y que además deben lograr objetivos complejos como es la convivencia y el aprendizaje, se requiere que todos actúen para construir este Bien Común que es el aprendizaje y buen trato de todos. 

“Este proyecto de ley no solo no quita autonomía a los establecimientos, sino que se la otorga. Cuando la organización de la convivencia no aborda los conflictos apenas cuando suceden, de forma pacífica, dialogante y creativa, lo que ocurre es que ellos escalan hasta los llamados incendios”. Isidora Mena, Psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación y subdirectora de Contenidos de Valoras UC.

La crítica que se hace respecto de lo que la ley dice sobre el Consejo Escolar, equivocada, por cierto, es que sería vinculante, es decir, sus propuestas serían decisivas. Pero si se lee bien la propuesta de ley, dice que es prerrogativa del sostenedor decidir si las conclusiones del consejo son o no vinculantes. 

-DR: El proyecto de ley vuelve obligatoria la existencia del Consejo Escolar para todos los establecimientos educacionales. Esto difiere de la actual normativa, ya que la figura de este organismo es solo obligatoria para los colegios que reciben subvención, mientras que aquellos que no, solo están obligados a tener un Comité de Buena Convivencia o una entidad de características similares. En ese sentido, se profundiza el rol de este consejo, creando nuevas facultades que alternan la gobernanza y la organización interna de las comunidades educativas. 

Sin perjuicio de esto, lo más preocupante es que la nueva facultad de aprobar el plan de convivencia le entrega poder resolutivo y capacidad de negociación a una entidad esencialmente consultiva y de participación. Eso desfigura la gobernanza de los colegios, incluyendo los públicos.

-¿Qué otros elementos del proyecto les preocupan? 

-MPA: Me preocupa que, con la excusa de enfrentar un problema real, este proyecto de ley repite una fórmula que se ha aplicado en los últimos años para abordar otras materias y que ha demostrado ser fracasada: impone a los equipos escolares nuevas obligaciones que no vienen acompañadas de más recursos ni apoyo, y que, en lugar de favorecer las soluciones requeridas, las entorpecen con una excesiva burocracia. De este modo, debilita la toma de decisiones oportuna y la autoridad de los directivos, tan necesarias para enfrentar los problemas de convivencia y violencia. 

-DR: Este proyecto impone obligaciones repetitivas, formalistas, que terminarán densificando la burocracia en los establecimientos y multiplicando las instancias de fiscalización, sin ningún beneficio claro. Lo razonable habría sido proveer recursos frescos a los establecimientos para la contratación y capacitación de profesionales de distintas disciplinas que efectivamente se hagan cargo de los problemas de convivencia que aquejan a las comunidades educativas, y que no todo recaiga en los profesores. Financiar desde el Estado la formación de equipos de convivencia sólidos e interdisciplinarios, vinculados al proyecto educativo y en dotación suficiente para cada establecimiento, es invertir en calidad. Es la expectativa que existe en el sistema y que no se observa en el proyecto del gobierno.  

-¿De dónde saldrían los recursos que incluye el proyecto para implementar las nuevas propuestas?

-IM: Hay varias formas de considerar los recursos económicos que se aportan relacionados con la ley. Una es procurar el uso de recursos que ya están en el sistema y que frecuentemente se utilizan mal. También flexibilizar el uso de otros que ya reciben las escuelas. Analizando los establecimientos a los que les va bien, en temas de desarrollo socioemocional, clima y aprendizaje, no son los recursos su gran desafío, sino mantener e institucionalizar las prácticas que han implementado con los que ya tienen. En cambio, en un número no despreciable de escuelas, los sostenedores o los directivos, que son finalmente los que toman las decisiones de financiamiento, no usan bien los recursos, a veces no los conocen o no saben cómo acceder a ellos. 

-Según la encuesta CEP de agosto de este año, la violencia en los colegios es la mayor preocupación en materia educativa. ¿Qué opinan?

-MPA: Hay que ser cuidadosos a la hora de interpretar las cifras. Una cosa son las denuncias que llegan a la Superintendencia y otra la ocurrencia efectiva de hechos de violencia. Por otro lado, aun teniendo esa distinción en cuenta, me parece que la magnitud de las denuncias relativas a la convivencia es elocuente: estas representan sistemáticamente en torno a 7 de cada 10 del total. Por último, los números gruesos a menudo no muestran el incremento en la gravedad de los hechos denunciados. Para mí, es bastante claro que desde el mundo escolar hay una preocupación por la ocurrencia de hechos de este tipo, que hoy más que nunca están afectando no solo el clima de aprendizaje, sino que el normal funcionamiento de las escuelas, y frente a los cuales los equipos directivos están cada vez más impedidos de actuar. Ahora, ¿significa ello que cualquier iniciativa será deseable? Sin duda que no y el proyecto presentado por el gobierno es un ejemplo.

“El proyecto de ley afecta la autonomía de los establecimientos y potencialmente la integridad del proyecto educativo, principalmente a través del nuevo rol del Consejo Escolar. Se altera la gobernanza de las escuelas al incorporarles de forma obligatoria facultades resolutivas”. Daniel Rodríguez, Director ejecutivo de Acción Educar.

-IM: La cifra es grave, pues los actos de violencia se propagan, dado que la mayoría de las personas que la han sufrido, son luego violentas. Además, cada acto genera una crisis que requiere recursos humanos que debieran destinarse para otras cosas, y coopera en reproducir una cultura de violencia. Cada estudiante que ejerce violencia, con el actual modelo de disciplina punitiva queda en riesgo inminente de expulsión. La escuela deja de ser un espacio de bienestar, básico para el aprendizaje, la asistencia y la retención.

-DR: Independiente de la baja que registran los datos de la Superintendencia de Educación, tener más de siete mil denuncias por problemas de convivencia escolar es un reflejo de la gravedad de esta situación en el sistema. 

La encuesta CEP muestra con claridad que es la mayor preocupación al interior de los colegios y la autoridad debe tomar acciones en este asunto. Lamentablemente, el proyecto que se discute hoy en el Congreso no viene a solucionar los problemas de convivencia escolar. Se debe enmendar el rumbo, entregando recursos a los colegios para contar con profesionales y mayor capacitación, fortalecer la gestión y liderazgo educativo, así como la autoridad docente. 

-Según los últimos datos entregados por la prueba Pisa, 3 de cada 10 quinceañeros en el país declaran sentirse solos en el colegio. ¿De qué manera las redes sociales y los teléfonos podrían estar siendo factores predictivos?

-MPA: Hay bastante evidencia que sugiere una relación entre el uso excesivo de los smartphones y las redes sociales y los problemas en el desarrollo de habilidades sociales. Pese a que la mayor parte de dicha evidencia no establece una causalidad, yo pienso que sí da cuenta de, a lo menos, la necesidad de ser más cuidadosos con el uso de estos dispositivos. Ahora bien, creo que ello no nos debe llevar a perder de vista el rol que tienen los padres, pues son ellos los primeros educadores de sus hijos y, por lo tanto, son los responsables de regular el acceso de los niños al celular, así como de su preparación frente a lo que encuentran ahí. 

-IM: Soy una fuerte defensora de escuelas libres de pantallas personales. Y las pantallas colectivas, tenerlas con resguardos de algunos sitios de internet y de redes sociales. Mucho peor que algunos estudiantes no accedan a la información de internet en la escuela, es que la mayoría de ellos se vean afectados neurológicamente en lo socioemocional y en su capacidad de aprender. Los padres deben saber que es una adicción muy poderosa, descrita en los listados de patologías mundiales y, por tanto, evitar regalar estos dispositivos a temprana edad.