En medio de este debate sobre qué sistema político vamos a implementar en nuestro país, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y profesor de Derecho Constitucional de la PUC, explica que el principal riesgo que se observa es “que la propuesta venga sin los debidos pesos y contrapesos. Un sistema bicameral evita el riesgo de concentrar todo el poder político cuando el presidente y la Cámara de Diputados son de la misma coalición política”. 

En esa línea, recalca que “todo esto recuerda los límites del poder político y eso es lo que está en entredicho hoy con la propuesta política de la Convención, que daría lugar a un sistema político incoherente y, en particular, que podría no establecer un adecuado equilibrio de poderes”. 

-¿Está la Convención en una encrucijada?

-Sin lugar a duda está en una encrucijada. Me parece que esto tiene que ver con un problema político y es que la Convención responde a una mayoría electoral, que es legítima por supuesto, pero en un momento bien específico, en un momento de la pandemia bien particular, en un clima político determinado, y las mayorías políticas en Chile son cambiantes. 

Claudio Alvarado, Director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y profesor de Derecho Constitucional de la PUC.

Sobre las garantías que deberían existir en materia de libertad de enseñanza, Claudio Alvarado señala: “La primera es que se consagre expresamente el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. La segunda es que se tiene que garantizar la posibilidad de una provisión mixta en materia educacional, considerando lo que es la trayectoria histórica chilena… Hasta el momento de responder esta entrevista, ninguna de esas dos cosas estaban explícitamente garantizadas”. Claudio Alvarado

Señala Claudio que, si se compara la elección de convencionales, “aquello fue muy distinto en la primera y segunda vuelta presidencial o a la elección parlamentaria, y el problema es que la Convención se originó en un clima de mucha polarización y de falta de transversalidad política. Eso se está reflejando en las encuestas y resulta muy delicado que estas vayan mostrando que el plebiscito de salida sería muy peleado, porque aquí estamos hablando de una propuesta de Constitución, es decir, de un pacto constitucional que debiera ser duradero, ampliamente legitimado, transversal políticamente, y nada de eso está ocurriendo”.

-¿Qué garantías deberían existir en materia de libertad de enseñanza?

-La primera es que se consagre expresamente el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. La segunda es que se tiene que garantizar la posibilidad de una provisión mixta en materia educacional, considerando lo que es la trayectoria histórica chilena. Hasta el momento de responder esta entrevista, ninguna de esas dos cosas estaban explícitamente garantizadas. 

¿Qué sucedería en materia educativa?

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión de Derechos Fundamentales había garantizado la libertad de enseñanza, fijando que los padres pueden elegir colegios, según lo establecido por ley. En ese contexto, conversamos con José Joaquín Brunner, director Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales, sociólogo y PhD en Educación, quien asegura que “Chile, a lo largo de su historia republicana, ha impulsado la libertad de enseñanza con tanta fuerza como el derecho a la educación”.

-¿Qué significa la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos? 

-Desde la consagración de esta libertad en la Declaración Universal de DD.HH. y, según muestra la discusión previa a su adopción, la idea fue proteger a los individuos, los niños en primer lugar, las familias y la sociedad civil de que un monopolio estatal sobre la educación pudiera ser utilizado para un adoctrinamiento totalitario. Recuérdese que la humanidad acababa recién de atravesar la Segunda Guerra Mundial y los horrores del nazismo, el que había usado a las escuelas y a las universidades para imponer una ideología nacionalista, racista y de completa subordinación espiritual al Estado hitleriano. ¿Era un temor exagerado? Por cierto que no: pronto el Estado soviético impuso su propia ideología totalitaria a las familias y la sociedad y expropió las conciencias de los niños, socializándolos en los “valores” del Partido único. 

José Joaquín Brunner, Director Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales, sociólogo y PhD en Educación.

“La Convención aún no aprueba un texto en esta materia (la libertad de enseñanza). Tiene frente a sí varias propuestas, algunas que buscan mantener y proyectar dicho balance y otras francamente regresivas, que preferirían reprimir la libertad de enseñanza y los derechos que las familias tienen en estas materias respecto a la educación de sus hijos”. José Joaquín Brunner

-En esa línea, ¿está en riesgo la libertad de educación?

-Chile, a lo largo de su historia republicana, ha impulsado la libertad de enseñanza con tanta fuerza como el derecho a la educación. Es un balance difícil de alcanzar. Entre ambos bienes se producen tensiones,

a veces contradicciones y en ocasiones contraposiciones e incluso una sorda o abierta “guerra cultural”. La Ley General de Educación de 2009 logró mantener un balance adecuado, difícilmente logrado, ciertamente, pero que —en términos generales— respeta la tradición chilena y los acuerdos internacionales, junto con reforzar un marco propicio para el pluralismo.

-¿Cómo se vislumbra el trabajo de la Convención en ese sentido?

-La Convención aún no aprueba un texto en esta materia. Tiene frente a sí varias propuestas, algunas que buscan mantener y proyectar dicho balance y otras francamente regresivas, que preferirían reprimir la libertad de enseñanza y los derechos que las familias tienen en estas materias respecto a la educación de sus hijos. 

Concluye Brunner afirmando que “las utopías totalitarias nunca desaparecen y, por lo mismo, es vital recordar su oscuro origen y los efectos devastadores que los pueblos sufren cuando pierden la libertad para decidir sobre la educación. Mientras tanto, hay que esperar que la Convención decida y seguir confiando en que primen las fuerzas de la razón”.