Alejándonos de dos posiciones estériles: detenerla o proseguir sin corregir. Gran parte de la  derecha se opone a las reformas, y quienes desde la izquierda quieren acelerar terminan retrocediendo. Para sacarlas adelante el gobierno y la Nueva Mayoría debe afinar una estrategia que se  afirme en la realidad y avance con mayoría. La presidenta ha declarado preferir ese camino.

No es el propósito de estas líneas evaluar cómo se impulsaron estas reformas y si era inevitable el alto costo provocado por su modo de ejecución. Ahora corresponde  ordenar la secuencia y el ritmo, evaluar bien los recursos materiales y humanos disponibles,  proceder con más rigor técnico, explicar a las familias el camino que se seguirá, convocar a todos los actores y buscar convergencia. Se trata de una reforma mayor, que no se puede desplegar y consolidar toda durante este gobierno. Por lo tanto sus partidarios deben procurar  también un respaldo ciudadano suficiente para  continuar  y consolidarla en los próximos gobiernos.

¿Qué hacer?

Primero, concentrarse en aprobar la nueva carrera docente, atendiendo  a las inquietudes de los maestros (agobio, remuneración, formación inicial y en servicio), trazando un itinerario que asegure una creciente calidad de los docentes, y por ende, de los aprendizajes de los niños. Ello requiere  profesores bien formados,  motivados y partícipes. Y también  mayor aval de padres y apoderados.

Segundo, apenas se despeje  el tema anterior, iniciar la discusión del proyecto de educación pública. Este paso es crucial para asegurar un real progreso del sistema escolar. Cabe precaver  un escenario riesgoso: quedar en una situación empantanada, alcaldes que no invierten porque ya no serán responsables y particulares subvencionados que tampoco invierten por incertidumbre o enmarañamiento burocrático. La nueva estructura pública debe construirse por etapas, aprendiendo de la reforma procesal penal.

Tercero, estar atento a la implementación del término del copago y del lucro, monitoreando su ejecución y despejando obstáculos imprevistos a partir de 2016, que los habrá, para que esos establecimientos eleven su esfuerzo educativo.

Cuarto, avanzar hacia una educación superior gratuita.  Es un objetivo progresista visionario, pero  ello no significa  inmediatez. Tomará años y las expectativas tienen que alinearse. No será solo tarea de este gobierno. En éste se debe garantizar  que al menos los jóvenes del 60% de los hogares más modestos la tengan (sujeto a condiciones de acreditación, no lucro, duración de los estudios)  y acercarse lo más posible al 70%.  Y  luego ganar y comprometer  apoyo ciudadano para proseguir en próximos gobiernos.

Conjuntamente se deben aprobar otros cambios: reforma a la ley de acreditación, eliminación del lucro en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, crear la Superintendencia y la Subsecretaria de Educación Superior.

Quinto, iniciar  la preparación de un gran programa de modernización de las universidades estatales que abarque la conformación de una red coordinada, superando el actual archipiélago inconexo lleno de duplicaciones, y luego articular convenios  de desempeño con el Estado para recibir recursos adicionales. La investigación coordinada y focalizada en las prioridades nacionales y regionales, el diseño y gestión de los nuevos 15 CFT y de las dos nuevas universidades, la creación de una plataforma digital común  para encarar la desbordante expansión de la educación a distancia, la renovación del personal académico, el reconocimiento reciproco de créditos universitarios,  la especialización y complementariedad de las carreras,  entre otros, debe ser parte de un plan de largo plazo concebido desde ahora. Y  este gobierno puede tomar otra gran decisión: elaborar un programa de expansión de la matrícula de estas universidades, y  pasar de los actuales 160.000 alumnos (de 1.100.000) a lo menos a  200.000 en 2020. El Estado debe otorgar los recursos de infraestructura y docencia. Las mismas universidades estatales pueden elaborar estos programas y proponerlos al Estado. Solo con metas ambiciosas y universidades estatales  concertadas se ganará el respaldo social y político para conseguir  recursos adicionales por plazo largo.

Todos debemos apoyar,  y concitar el mayor compromiso ciudadano. Aquí nos jugamos el futuro de Chile.