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1 de cada 5 niños en el mundo requiere una atención especial para educarse. Desgraciadamente, según los expertos, el tema no ha cobrado la importancia que debiera y los recursos económicos todavía no son suficientes.
Estadísticas internacionales reconocen que 20% de los alumnos presenta algún tipo de trastorno para aprender porque poseen necesidades educativas especiales (NEE). Lo que en cifras significa que en Chile cerca de 1 millón de niñas y niños requiere de una atención particular en el sistema educativo.
Las dificultades pueden ser transitorias (dislexias, discalculias o el déficit atencional) y normalmente tienden a desaparecer, gracias a adaptaciones del medio (colegio). O permanentes, que disminuyen, pero no por completo, aun cuando el medio se logre adaptar. Es el caso de la discapacidad visual, auditiva o cognitiva.
El problema es que si esos alumnos no reciben tratamiento, ni son diagnosticados, se arrastra y por ende, disminuyen sus posibilidades laborales en la etapa adulta. Según la Directora de la Fundación “Mis Talentos”, Isabel Zúñiga“, en pocos años la matrícula de niños con NEE en establecimientos regulares se duplicó desde un 1,5% a poco más del 3%. Sin embargo, aún estamos lejos de países líderes en la materia como Finlandia, que cuenta con uno de los sistemas educativos más inclusivos del mundo y que apoya con adaptaciones en su sistema al 22% de sus alumnos”.
No se trata solamente de un tema de recursos, señala la experta, “pero sí de una asignación distinta que permita financiar la atención especial que estudiantes con NEE requieren”.
El panorama se complica todavía más cuando se trata de alumnos vulnerables. De hecho, en sectores más pobres existe un mayor porcentaje de niños con NEE. “Debido a la capacidad de selección que tienen los establecimientos, los colegios de los sectores más acomodados de Chile son capaces de implementar políticas de selección más efectivas y, por lo tanto, tienden a dejar a estos niños fuera”, dice la directora.
Hoy el tema es clave. Actualmente los directores de colegios vulnerables tienen dentro de su matrícula a muchos niños con NEE, y la educación inclusiva representa una herramienta para atender las necesidades de esos alumnos, particularmente porque sólo un cuarto de la población con NEE se atiende en escuelas segregadas, de lenguaje, aulas hospitalarias y Programas de Integración Escolar (PIE).
Los problemas
A juicio de Ricardo Rosas, Director de CEDETI UC, y doctor en Psicología Cognitiva de la FreieUniversität (Berlín) “si bien la letra de la ley impide discriminar por condición de discapacidad, en los hechos ello ocurre de facto por un tema de recursos: si el colegio declara no contar con las condiciones para recibir a un niño con discapacidad, de facto no está obligado a recibirlo. La pregunta que surge, entonces, es: ¿quién es en Chile el responsable de proveer esos recursos?”
Señala el especialista que “si un alumno con parálisis cerebral requiere de un auxiliar permanente, en sala, para acompañarlo, ¿quién lo paga? O en el caso de un estudiante sordo que asiste a la Universidad, ¿quién debe remunerar a ese intérprete? En Chile nos hemos acostumbrado a pensar automáticamente que esa responsabilidad recae en las familias. Es que estamos demasiado acostumbrados a que cada uno sea responsable de sí mismo y de sus circunstancias”.
¿Qué pasa afuera? En los países desarrollados, incluso naciones más pobres que la chilena, “las personas con discapacidad son responsabilidad de todos, esto es, que el Estado se hace cargo de cubrir los costos de una inclusión efectiva. Nos falta mucho para llegar allí, pero no me cabe duda que avanzamos en esa dirección”, advierte el director de CEDETI UC.
Actualmente los recursos que los establecimientos deben destinar a los Programas de Inclusión Escolar (PIE) se calculan como la diferencia entre la subvención que el Estado entrega para atender a niños con NEE y la subvención regular. Sucede que si el primer componente aumenta, los recursos para los PIE se incrementan, pero si se eleva el segundo componente, éstos disminuyen.
¿Qué pasó, entonces? Durante este año se tramitó, y aprobó, el Decreto Número 170 que regula los Programas de Integración Escolar (PIE), y que justamente aumentó la subvención regular. “El Proyecto de Ley original disminuía los recursos que los establecimientos debían destinar a los PIE pero, afortunadamente, la solicitud que hicimos fue escuchada y logramos mantenerlos. Sin embargo, la solución no fue óptima, porque son los mismos colegios quienes deben aportar recursos extras para mantener a los alumnos con NEE. A nuestro juicio, eso da pie para discriminaciones por causas económicas”.
¿Soluciones efectivas?
En Chile hay establecimientos que ofrecen integración, es decir, entregan cupos para niños con NEE sin hacer adaptaciones que permitan recibirlos adecuadamente. Pero desde que se implementó la Ley 20.201 (2007) -que incrementa la subvención de educación especial para discapacidades más severas y perfecciona la normativa que regula dicha educación- ha comenzado un esfuerzo por ofrecer inclusión.
Sin embargo, cuando se trata solamente de integrar a los alumnos, “sólo se recibe al niño con NEE en establecimientos regulares sin ofrecerle otra cosa que el espacio. Y quienes padecen NEE requieren más que el espacio; una adaptación del medio que reconozca sus características y, por tanto, los mecanismos de aprendizaje que tienen”, explica la directora.
La inclusión, por su parte, reconoce la necesidad de adaptaciones para atender los diferentes mecanismos de aprendizaje que requieren los niños. Al hacerlo, se logran mejores resultados, coinciden los expertos.
¿Las ventajas? “Se logra una mejoría en pruebas estandarizadas como el SIMCE, se baja en deserción escolar y, posteriormente, una mejor inserción laboral”, argumenta Isabel Zúñiga.
Según Ricardo Rosas, “la inclusión tiene la ventaja de naturalizar la diferencia, eso es muy importante en un país como el nuestro. Pero por lo mismo, es preciso aceptar la diferencia incluso en temas de inclusión: no todos los niños deben ser obligatoriamente incluidos a la educación regular. Es necesario que se respete el derecho de algunas comunidades de tener escuelas segregadas, por ejemplo, la comunidad de sordos”.
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