Al menos una vez al año será visitado un establecimiento en forma sorpresiva para revisar que cumpla con las condiciones necesarias. Pero ojo, que estar al día con esos requisitos es clave porque significa, según estudios, lograr altos niveles de aprendizaje de los alumnos.

Solamente el año pasado se realizaron cerca de 34.000 visitas a establecimientos educacionales, entre particulares subvencionados y municipales, más del doble de las del 2009. ¿Para qué? “Para fiscalizar, auditar, revisar las cuentas y que los recursos que el Estado entrega a las instituciones se utilicen de buena manera”, asegura el recién nombrado Superintendente de Educación, Manuel Casanueva.

Antes se desempeñaba como jefe de Subvenciones del Ministerio de Educación y ahora está a la cabeza de la Superintendencia, creada por la ley de Aseguramiento de la Calidad (ley 20.501), promulgada el 11 agosto de 2011. Por el momento, el nuevo jefe cursará los decretos que faltan para poner en marcha la entidad, que estará operando en septiembre de este año.

La nueva institución tendrá 280 inspectores y serán cerca de 11.500 los planteles que deberá evaluar. Además, cada establecimiento debe ser fiscalizado al menos una vez al año. Aunque vigilarán principalmente la gestión financiera, también revisarán desde infraestructura hasta problemas de convivencia escolar.

¿Qué se fiscaliza?

Clave es inspeccionar la asistencia de los profesores, pero también de los alumnos. Como el hecho que los docentes estén titulados o que cuenten con las autorizaciones emanadas desde el Ministerio de Educación. “Revisamos temas de sueldos y cotizaciones previsionales, y que los pagos de bonos y aguinaldos se encuentren vinculados a la ley. Justamente la declaración de asistencia es una de las mayores dificultades con las que nos hemos encontrado. No siempre están presentes todos los profesores que debiesen. Además, nos topamos con dificultades en materia de infraestructura e higiene que perjudican notoriamente el aprendizaje de los alumnos”.

Hasta antes de la creación de esta nueva oficina, el ministerio solo podía exigir a los sostenedores rendiciones de cuentas, pero relativas a subvenciones concretas; de mantenimiento y de la ley SEP. Ahora se agregaron especificaciones -gracias a las nuevas facultades de la superintendencia- que se van a observar. Por ejemplo, “se pueden solicitar rendiciones de los ingresos y de gastos anualmente o cuando sea necesario, pero respecto de todos las entradas económicas que obtenga la institución”.

Otro de los cambios será que las instrucciones que establezca la Superintendencia se entenderán y reconocerán como una norma. “Por eso, para nosotros el tema de la capacitación es clave. De hecho, el año pasado se realizaron dos veces a sostenedores y directores, con el objetivo que puedan mejorar en el cumplimiento y evitar sanciones”.

¿A quiénes se fiscaliza?

A todos los establecimientos. Pero existe un grupo que incluye los más riesgosos, a los cuales se les pone una mayor atención, ya que tienen mayores posibilidades de no cumplir la normativa. Corresponden a un 5%, es decir, a 400 planteles. Ellos reiteradamente no satisfacen las condiciones mínimas necesarias, afectando directamente el desempeño de los alumnos.

El trabajo se centrará en los colegios subvencionados, que representan un 95% del total, aunque también abarcarán los establecimientos privados, cuando reciban denuncias de la comunidad escolar.

Cierres por incumplimiento

Ojo porque ya están en pleno trabajo. De hecho, a comienzos de este año se cerraron cerca de 37 establecimientos a los cuales se les quitó el reconocimiento oficial por incumplimiento a la norma. Por ello dejaron de recibir recursos del Estado y las notas de sus alumnos no serán reconocidas por el Mineduc. “La resolución se hizo efectiva antes del inicio de clases, de modo que los estudiantes pudieron ser reubicados”.

¿Qué aspectos resaltan al cumplir con la norma?

Hemos detectado que aquellos establecimientos en que se cumplen las condiciones son los que presentan altos niveles de aprendizaje de sus alumnos. Es decir, buenos resultados en la prueba Simce. Esa cifra equivale a 1.800 instituciones, quienes en las visitas del año 2010 y 2011, por dos años consecutivos no tuvieron falta alguna en el cumplimiento a la norma. Son instituciones que lograron nota siete, pero durante dos años seguidos.

Lo importante es que ahora, los profesores, directores y sostenedores cuentan con la herramienta para sacar un siete en las revisiones de la superintendencia y pueden asistir a las capacitaciones gratuitas que se realizan. La próxima se llevará a cabo en el segundo semestre de este año.