Hace ya más de mes y medio que concluyó el plazo establecido por el propio Ministerio de Educación para ingresar al Senado el proyecto de Nueva Educación Pública o Desmunicipalización. En un inicio, el Gobierno había señalado que ingresaría esta iniciativa antes del 21 de mayo. El martes 16 de junio iba a convertirse en la segunda fecha, pero nuevamente se postergó la tramitación de esta reforma, que hasta el cierre de esta edición poseía un plazo incierto.

Extraoficialmente, se ha señalado que el cambio de sistema será paulatino y que se proyecta una transición de al menos cinco años. En ese proceso de traspaso, desde el actual sistema radicado en los municipios hacia el Estado, quien se hará cargo de las escuelas y liceos públicos, preocupa a los alcaldes principalmente el tema del financiamiento. Para su implementación se crearán los Servicios Locales de Educación (SLE) que tendrán, según los documentos del Mineduc, un mínimo de ocho mil alumnos y un máximo de 200 colegios.

Asegura Cristián Bellei, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, que “no se conoce la propuesta final del Gobierno en esta materia, pero lo que ha sido informado me parece una prefigura, a mi juicio, muy promisoria”. Explica que lo central “es que se reconozca la necesidad de mejorar, fortalecer y expandir la educación pública en preescolar, básica y media. La nueva educación pública debe transformarse en el estándar del sistema educacional chileno, para volver a ser su columna vertebral. No se trata solo de un asunto de equidad o responsabilidad con los alumnos que hoy están en la educación municipal, ese es un modo equivocado de verlo. Aquí se juega la calidad integral de la educación chilena como conjunto”.

Para lograr esos propósitos, el Gobierno ha llegado a la convicción, dice Cristián Bellei, “que yo comparto, que la administración municipal no es adecuada y que debe ser reemplazada por otro sistema más profesional, especializado en la gestión educacional, cuyo foco sea el apoyo a las escuelas y liceos de su territorio, con presupuesto y recursos propios, y con claras orientaciones nacionales para su acción. Pero al mismo tiempo, que conserve grados elevados de autonomía en su gestión, que sea descentralizado, y que acoja y canalice la participación local. En realidad, la propuesta del Gobierno lo que está haciendo es desarrollar los grandes principios acordados de manera prácticamente universal en el Consejo Asesor de 2006, ¡hace una década ya! Lamentablemente, se ha dejado pasar mucho tiempo para avanzar en esta, que yo considero la reforma más importante a nivel escolar”.

 

Se debe valorar el hecho que se piense reformular y discutir acerca de la gestión pública, asegura Alan Wilkins, asesor educacional de la Asociación Chilena de Municipalidades y ex seremi de Educación. “Sin embargo, para lograr que este proyecto afecte positivamente la educación, debe analizarse el problema con objetividad y en su real dimensión, dejando de lado por un momento las cegueras ideológicas. Esto se hace imperante más aún en un momento que estamos ad portas de que la matrícula de la educación pública no supere el tercio del total de estudiantes de Chile”.

 

Asegura el ex seremi de Educación, que al contrario de las posturas de algunos que ven todo negro, los resultados de los últimos años han mostrado avances importantes en las escuelas municipales, reduciendo la brecha frente a los colegios subvencionados. “Es por esto que, en una discusión de alto nivel, debemos ser capaces de desenfundar los verdaderos problemas de gestión y administración de nuestras escuelas que terminan afectando el quehacer en la sala de clases, y no permitiendo avanzar más rápido como queremos todos”, dice Alan Wilkins.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), cree fundamental antes, conocer los alcances y el contenido del proyecto que presentará el Gobierno. “Si mejoramos la forma en que se administra hoy la educación pública, entonces claramente podríamos ver una mejora en la calidad del servicio que entrega. A través de la evidencia internacional sabemos que el tipo de modelo de administración de la educación pública no es clave, sino su coherencia con el sistema, el capital humano de quienes trabajan en el ámbito de la educación y la autonomía que tengan las escuelas para desarrollar sus proyectos educativos. Sería importante que el proyecto del Gobierno busque a través del nuevo sistema de administración fortalecer a las escuelas instalando capacidades en su interior y no centralizándolas en un nivel central”.

Señala Alan Wilkins que, “lamentablemente el proyecto que conocemos a la fecha, adolece de la experiencia en terreno, y a mi juicio no enfrenta los problemas reales de la educación pública, por lo que no le veo muchas posibilidades de que mejore realmente la calidad de la educación. Es más, creo que problemas estructurales presentes hoy pueden acentuarse al implementarse un sistema más centralizado”. 

Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, es un convencido de que más centralismo no es la respuesta a un Estado moderno y concentrado en la mejora de la calidad y no solo en las condiciones laborales del profesorado. Explica que, “si a las municipalidades se les entregaran los mismos  recursos que se les entregarán a estos ‘servicios’ nuevos, lo harían mucho mejor”.

Asegura el edil que el proyecto de educación es aún una incógnita. “Yo creo que aparte del afán de centralizar y conceder al Colegio de Profesores, nadie tiene claro lo que se busca en materia de calidad ni dignidad docente”.

Sistema en el tiempo

En pocas palabras, lo que se busca es mejorar un sistema que, “si se pudiese caricaturizar, cuenta con un administrador que son las municipalidades, las cuales llevan a cuestas una gran camisa de fuerza que no les permite gestionar de verdad la educación que tienen a su cargo”. Esto se debe, a juicio de Alan Wilkins, “a problemas estructurales de financiamiento, donde el monto de la subvención recién comienza a ser medianamente aceptable desde el 2009, y curiosamente es desde esos años en donde comienza a disminuir la brecha entre los niveles socioeconómicos más bajos y altos, y entre los subvencionados y los municipales. Asimismo, debemos analizar la forma de pago por asistencia, cuando sabemos muy bien que un resfrío en La Pintana o Cauquenes es mucho más largo que un resfrío en Providencia, y cuando sabemos que los costos fijos de un colegio suman más del 80% de los ingresos de los colegios. ¿Son las municipalidades culpables de este sistema de financiamiento? Claramente, no”.

 

Además, explica el ex seremi de Educación, “las municipalidades tienen también como socio al Mineduc, que requiere una gran modernización. Este aliado muestra excesiva burocracia en gran parte de sus procesos de apoyo; problemas con las plataformas informáticas, lentitud en la adjudicación de proyectos, tardanzas de meses en el otorgamiento de recursos adjudicados, entrega de los resultados del SIMCE totalmente a destiempo, entre otros. Más allá de si queremos más o menos Estado, debemos trabajar con mucha fuerza en un socio mucho más eficiente”.

 

Para Cristián Bellei, “una enorme falencia del sistema escolar chileno es la debilidad de sus instituciones proveedoras de educación. El modelo de privatización que se ha seguido tiende a la atomización, de forma que en el sector privado —salvo algunas pocas excepciones— no existen instituciones con una acumulación relevante de capital profesional. En la educación pública, por su parte, la municipalización no logró crear un espacio institucional para la educación pública que garantizase un alto profesionalismo; los municipios chilenos son en ese aspecto muy frágiles aún, a lo que se suma que la educación no es siempre y necesariamente la primera prioridad”.

 

¿Será un aporte crear los nuevos servicios locales de educación? 

Explica Alan Wilkins que  “Me cuesta creer que estos servicios locales de educación, con tres veces más de la cantidad de colegios en promedio de los que tienen las comunas hoy, puedan administrar de buena manera la educación y que logren revertir los problemas que presentan las municipalidades actualmente”.

Asegura estar más de acuerdo con la propuesta de la Amuch, "que propone crear corporaciones en todas las municipalidades del país que sean los sostenedores de las escuelas, con un directorio formado por el alcalde, representantes de vecinos, profesores, apoderados, entre otros, para asegurar una representatividad mayor, con un secretario ejecutivo con independencia y que rinda cuentas de un programa a mediano plazo, entre otros”

Asimismo, para Cristián Bellei, “el Ministerio de Educación, aunque tiene capacidades profesionales en educación, está lejos y no posee responsabilidades en la provisión de educación. Lo que Chile ha promovido son organismos públicos de evaluación, de control, de normativas; y organismos privados de asesoría, ¿pero quién en este diseño sabe cómo gestionar escuelas y liceos de calidad para todos los alumnos? Ese es el vacío que los servicios locales deben llenar: una institución sólida cuya única misión es proveer educación de calidad a lo largo del país”.

En esa misma línea, el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, señala que “el mundo camina lentamente a la descentralización y la desconcentración, pero en Chile, que íbamos en la punta, hacemos todo lo contrario. Obviamente, significará un retroceso que afectará no solo la calidad de la educación municipal, sino la particular subvencionada, que al menos es una alternativa a los paros, tomas y falta de clases de algunos municipios, no todos, como es el caso de Ñuñoa”.

Lo que Sí debe incluir el proyecto de ley

Explica el investigador del CIAE que, de lo que conocemos hasta ahora, “existen algunos elementos clave que no pueden a mi juicio omitirse. Uno es que se logre un buen balance entre contar con directrices nacionales y dejar amplio espacio a la gestión descentralizada. Otro desafío es que los nuevos servicios locales sean muy profesionales, que cuenten con muchas capacidades propias, pero que el foco de esas aptitudes y de toda su gestión sea apoyar a sus escuelas y liceos, a los docentes que en ellos trabajan, y garantizar una educación de calidad para todos sus alumnos”.

 

Asegura Bellei que “existen diversas otras dimensiones en que se debe encontrar un delicado equilibrio. Hasta donde conozco, la propuesta del Gobierno es balanceada en estos y otros aspectos; pero, obviamente, dependerá de los instrumentos de gestión y política educativa el que se den en la práctica. Un último elemento clave es que los servicios locales cuenten con financiamiento propio para constituirse, conformar sus equipos y para invertir en nueva infraestructura educacional que parta desde el preescolar y llegue hasta cuarto medio”.

 

“Será una reforma muy compleja en sus detalles técnicos, pero su éxito final se juega en la capacidad que tenga de re-encontrar a la sociedad chilena con su educación; es esa mística, ese sentido de misión, lo que deberá empapar a toda la reforma, desde la discusión de la ley hasta la instalación de los nuevos servicios locales de educación en cada comunidad, en cada escuela y liceo”, dice Cristián Bellei.

 

A juicio de Alan Wilkins, “debemos seguir haciendo esfuerzos como país para ir aumentando la subvención de nuestras escuelas, acercándonos a los 180 mil pesos mensuales, que es más o menos lo que indican estudios serios respecto al costo de una educación de calidad. Hoy estamos en la mitad del camino, lo que demuestra que nos queda un gran esfuerzo, que solo será viable de realizar si es que nos enfocamos en las prioridades y dejamos de discutir o legislar para la galería. Ahora bien, no solo se necesitan más recursos, necesitamos enfrentar los problemas anteriormente citados: modernizar el Estado y el Mineduc, fortalecer las corporaciones municipales, mejorar nuestras universidades en la formación docente, y volver a reconocer el valor del esfuerzo y del respeto para con nuestros maestros”.

 

De hecho, advierte Cristián Bellei, “el financiamiento de la educación en Chile está mal diseñado: el sistema universal de vouchers (subvención por estudiante que ‘sigue al alumno’) no contribuye a la calidad y la equidad. Creo que deberían estudiarse cuidadosamente a la brevedad ajustes que mejoren ese sistema, lo que una vez que se haga imperativa la ley de no selección, no lucro y no copago, será más fácil de hacer”.

 

“La nueva educación pública debe nacer con un sistema de financiamiento que complemente el voucher. En muchos países, se considera el tamaño de las escuelas para su financiamiento, pero no de manera tan directa como en el caso chileno, lo que genera muchas distorsiones, problemas de eficiencia y estimula una enorme competencia por captar alumnos. Debe también incluir al menos el financiamiento directo de los servicios locales, fondos para la creación de nueva infraestructura (jardines, escuelas y liceos), y un fondo de mejoramiento que en un comienzo debe orientarse a la instalación del nuevo sistema. Por supuesto, todo esto debe ser hecho con criterios de rigor y eficiencia, e implementando instrumentos de gestión que apunten a garantizar la efectividad y la eficiencia de este nuevo sistema. Pero financiar su educación pública es la primera muestra del compromiso nacional con ella”, señala Cristián Bellei.

 

Termina el ex seremi de Educación: “Solo un país que reconoce el rol de sus maestros en el sentido amplio de la palabra puede comenzar a soñar en serio con ser un país desarrollado”.